VOLVIERON A ESCALAR LA GUERRA ENTRE PODERES Y LA REPRESIÓN DE LAS PROTESTAS EN VENEZUELA

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El conflicto de poderes en Venezuela continuó escalando hoy con nuevas acciones de la fiscal general, la chavista disidente Luisa Ortega Díaz, que imputó a un alto jefe militar por “sistemáticas violaciones” de derechos humanos en la represión de las protestas callejeras de los últimos meses y pidió al Parlamento de mayoría opositora que ratifique una decisión suya que fue invalidada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Ortega Díaz había denunciado el miércoles que en el país existe “terrorismo de estado” y advirtió que desconocería sentencias del TSJ emitidas por sus “ilegítimos magistrados”, que más temprano le prohibieron que salga de Venezuela, le congelaron sus cuentas bancarias y la convocaron para el martes a una audiencia para comenzar a juzgarla.
Mientras tanto, volvió a aumentar la cantidad de personas fallecidas de manera violenta en el contexto de las protestas callejeras que vienen realizándose casi cotidianamente desde principios de abril y la prensa local informó sobre el uso, hoy en Caracas, de una nueva metodología de tormento por parte de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Ortega Díaz citó para el miércoles próximo, en calidad de imputado, al general Antonio Benavides, quien hasta la semana pasada fue comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militar).
La GNB es la única de las cinco fuerzas armadas que está a cargo, junto a la PNB, de la represión de las protestas iniciadas en abril y en cuyo contexto 79 personas murieron y más de 1.400 fueron heridas, según datos oficiales.
Benavides debe responder por “la presunta comisión de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos cometidas durante las manifestaciones ocurridas en el país desde hace más de 80 días”, dijo el MP en un comunicado.
El Ministerio Público detalló que está realizando 450 investigaciones por presuntas violaciones de derechos fundamentales, que involucran a “23 personas fallecidas y 853 lesionadas atribuidas a funcionarios policiales o militares”.
“En una gran cantidad de estos hechos se ha evidenciado el uso excesivo de la fuerza en la represión de las manifestaciones, empleo de armas de fuego no autorizadas, la indebida aplicación del equipo suministrado, tratos crueles y torturas a personas aprehendidas, así como allanamientos sin orden judicial y daños a la propiedad, entre otras situaciones”, argumentó la nota.
“No tengo temor”, afirmó Benavides y aseguró que sus acciones “han sido ajustadas a derecho”, según consignó la agencia de noticias EFE.
El miércoles pasado, un día después de haberlo relevado como comandante de la GNB, el presidente Nicolás Maduro designó a Benavides jefe de gobierno del Distrito Capital.
Anoche, en declaraciones a periodistas, Ortega Díaz afirmó que en Venezuela rige “un terrorismo de estado donde se perdió el derecho a manifestar, donde son reprimidas cruelmente las manifestaciones, donde se enjuicia a civiles en justicia militar”.
“Se han producido sentencias del TSJ que además de romper el orden constitucional, ya muy maltratado, le entregan la investigación de los derechos humanos posiblemente a quienes violen los derechos humanos”, agregó.
La última afirmación se refiere a la reciente sentencia del TSJ que atribuyó facultades que legalmente son del MP a la Defensoría del Pueblo, cuyo titular, el chavista Tarek William Saab, es acusado por la oposición de avalar el avance del gobierno sobre los derechos de los ciudadanos.
De hecho, dos diputados opositores -José Guerra y Juan Matheus- pidieron hoy al TSJ declare que Saab incurrió en “falta grave” para que la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) pueda destituirlo.
Saab “no ha adelantado ninguna gestión verdadera” para la “reparación de los derechos fundamentales” de los venezolanos con motivo de la represión de las protestas callejeras de los últimos tres meses, explicó Matheus a periodistas.
Asimismo, Ortega Díaz informó a través de Twitter que pidió a la Asamblea que ratifique la designación de Rafael González Arias como vicefiscal general, hecha por ella el 17 de abril pasado y anulada este martes por el TSJ.
En tanto, el MP confirmó que Luiyin Paz, de 20 años, murió arrollado por un camión en medio de una protesta callejera en Maracaibo, la capital del estado Zulia, con lo que el cómputo oficial de muertos en las protestas desde comienzos de abril ascendió a 79.
Sin embargo, la nómina aumentará si se confirman los decesos de Roberto Durán, de 26 años, baleado en el pecho en Barquisimeto (capital del estado Lara), y Víctor Betancourt, de 18, atropellado por un camión en Cumaná (estado Sucre), reportadas por los diputados opositores Alfonso Marquina y José Olivares.
Paralelamente, efectivos de la PNB arrojaron bombas de gas lacrimógeno dentro de un camión de uso civil en el que habían recluido a más de una veintena de personas detenidas durante la represión de una manifestación de protesta en Caracas, informó el diario El Nacional.
Los detenidos, estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, fueron puestos en la cámara frigorífica de un camión de transporte de alimentos, que carece de ventilación, y se los encerró tras lanzar el gas lacrimógeno, tal como lo demuestran numerosos videos y fotografías publicados en redes sociales.