VIDAL AMPLÍA EL RANGO DE AGENTES DE POLICÍA Y DEL SERVICIO PENITENCIARIO OBLIGADOS A DECLARAR SUS BIENES

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La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, amplió hoy por decreto el rango de los agentes de la Policía bonaerense y del Servicio Penitenciario bonaerense obligados a presentar cada año sus declaraciones juradas de bienes patrimoniales.
Además, dispuso que para todos los funcionarios y agentes del Poder Ejecutivo el vencimiento para dicha presentación anual será cada 31 de octubre y deberá ser entregada en formato digital.
Mediante un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial, la gobernadora estableció un nuevo sistema de Declaración Jurada Patrimonial de los funcionarios y agentes del ámbito del Poder Ejecutivo bonaerense.
Así, desde este año, deberán presentar una declaración jurada de bienes el personal de las Policías a partir del rango de oficial inspector o equivalente; todo el personal de jerarquía inferior a cargo de una comisaría y todo el personal que preste servicios, sin importar jerarquía o función, en la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado.
Hasta ahora, la obligatoriedad de presentación de declaraciones juradas regía desde el cargo de subcomisario hasta el de comisario general.
Para el caso del personal del Servicio Penitenciario bonaerense regirá para quienes ocupan cargos con grado igual o superior al de alcaide o equivalente y para quienes tienen jerarquía inferior a cargo de unidades penitenciarias o alcaidías.
Fuentes gubernamentales dijeron que la novedad de que las declaraciones sean presentadas en formato digital apunta a la reducción de gastos y la aceleración y transparencia de los procesos.
En este sentido, el decreto de Vidal aclara que “la presentación en el formato actual genera grandes cantidades de papel a almacenar dificultando la sistematización de la información y acceso a la misma”
“Debido al volumen de sujetos obligados que integran el universo y su dispersión en el territorio provincial deviene necesario implementar un sistema centralizado de presentación para efectuar la Declaración Jurada Patrimonial Integral”, agrega.
Luego de indicar que “resulta necesario garantizar la eficiencia, eficacia y economía de los procesos administrativos”, el decreto señala que “la implementación de una aplicación web supone la solución más apropiada” para alcanzar esa meta.
Al respecto, señala la necesidad de hacer “modificaciones en el sistema vigente a fin de adecuar la normativa provincial en pos de las necesidades que imperan” y “establecer pautas concretas para su cumplimiento”.
En cuanto a la modalidad de la presentación, establece que la autoridad de aplicación, que será el ministerio de Justicia, pondrá a disposición de los sujetos obligados una aplicación web para la carga y remisión de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de la provincia.
La Declaración Jurada Patrimonial alcanza en Buenos Aires a un total de 55.000 personas, entre ellas la gobernadora, el vicegobernador, ministros, secretarios y titulares de organismos autárquicos y descentralizados, subsecretarios y “todo otro funcionario con jerarquía equivalente, directores provinciales, directores y todo otro funcionario con jerarquía equivalente o superior a director, personal de Gabinete y secretario privado”.
También están comprendidos el Escribano General de Gobierno, el contador y el tesorero General de la Provincia; el fiscal de Estado, los miembros del Consejo de la Magistratura, representantes del Ejecutivo provincial en entidades o empresas interjurisdiccionales, organismos públicos no estatales e integrantes del directorio o similares de la Administración Pública bonaerense, entre otros.
Otra novedad es que ahora los funcionarios y agentes deberán incluir en la Declaración Jurada Patrimonial Integral sus antecedentes laborales y profesionales de los últimos dos años, sean o no remunerados, incluyendo los que realizare al momento de su designación.
A partir de ahora, se deberá presentar una sola declaración y el sistema informático dividirá automáticamente lo público de lo reservado, que quedará guardado en forma encriptado por si algún funcionario judicial lo requiere mediante el procedimiento técnico que la autoridad de aplicación determine.