TENSIONES, EXILIADOS Y UNA JUSTICIA QUE NO AVANZA: PARAGUAY NO SALE DE SU CRISIS

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Tres meses después de su crisis más violenta en años, Paraguay sigue inmerso en una creciente tensión política, alimentada por la cercanía de las elecciones presidenciales, acusaciones de instrumentalización de la Justicia y por el caso de militantes opositores que huyeron a Uruguay en busca de asilo.
El 31 de marzo pasado, un grupo de sólo 25 senadores aprobó un proyecto de enmienda constitucional para permitir la reelección presidencial, en una votación que se realizó en una oficina en el Congreso en ausencia del resto de los legisladores, incluido el presidente del Senado.
La irregular sesión coronó una polémica campaña de dos años del Partido Colorado, del presidente Horacio Cartes, e indignó a la oposición y a disidentes colorados que defendían que la reforma constitucional vía constituyente, y no vía enmienda, era el único mecanismo válido para permitir la reelección del jefe de Estado.
En respuesta, cientos de enardecidos opositores irrumpieron en el Congreso, provocando destrozos, incendiando parte del edificio y desatando un violento desalojo policial en las peores protestas en dos décadas en las calles de Asunción.
Los disturbios derivaron en la muerte de Rodrigo Quintana, de 25 años y miembro de las juventudes del opositor Partido Liberal, muerto por un disparo cuando la policía ingresó por la fuerza a la sede de la agrupación en Asunción, poco después del suceso en el Congreso.
Y, obviamente, en una grave crisis política.
Una instancia de la que Cartes tomó nota, y un día después convocó a través de un mensaje televisado a una mesa de diálogo entre los presidentes de los partidos políticos “con representación parlamentaria”, de las dos Cámaras del Congreso, así como a representantes del Ejecutivo y la Conferencia Episcopal Paraguaya.
Dos meses después, ante la intransigencia de las fuerzas de la oposición y el temor a mayores disturbios, Cartes anunció que renunciaba a sus intenciones de reelección -instancia prohibida por la Constitución de 1992- y que no se presentaría a los comicios presidenciales de abril próximo.
Pero tres meses después, la investigación por los hechos de violencia del 31 de marzo en Asunción están en punto muerto, y con acusaciones a la Fiscalía de usar una doble vara de medir a la hora de abordar las dos causas, lo que está reeditando tensiones políticas que sólo se espera que crezcan de aquí a las elecciones.
Además, las consecuencias de aquellos sucesos se trasladaron el mes pasado al exterior, en concreto al vecino Uruguay, con la solicitud de asilo político de cuatro imputados por el incendio parcial del Congreso, todos jóvenes militantes del Partido Liberal.
También se están manifestando en críticas de parte de la oposición al presidente paraguayo, acusado por esos sectores de injerencia y de señalar al Ministerio Público los pasos a dar en relación al ataque al Congreso.
La Fiscalía investiga por un lado esa agresión al Congreso, y por otro lado indaga la muerte horas después de Quintana, por cuyo fallecimiento reclamó una investigación el representante para Sudamérica del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Amerigo Incalcaterra.
En la primera causa, la Fiscalía imputó en abril pasado a 24 personas, 16 de las cuales fueron acusadas de presunta perturbación a la paz pública por los destrozos e incendio en el Congreso.
Pero este mes el Partido Liberal denunció una persecución a sus militantes por la Fiscalía tras la detención de Stiben Patrón, imputado sobre el supuesto de que estaba fabricando cocteles incendiarios en la sede de la formación.
La imputación se basó en unas imágenes grabadas horas después del incendio del Congreso, y en el que se ve a Patrón junto a otras personas con materiales de presunto contenido inflamable, según la Fiscalía.
Días después, cuatro militantes de ese partido, también imputados en esa causa, solicitaron asilo político en Montevideo ante las “presiones indebidas sobre el Poder Judicial” en Paraguay.
En cuanto a la causa de la muerte de Quintana, la investigación parece haberse parado tras la imputación de tres uniformados.
En ese contexto, los liberales acusan a la Fiscalía de emprender una caza de brujas contra su partido por órdenes de Cartes y de no actuar con el mismo rasero en la causa por la muerte de Quintana.
De acuerdo con la dirección del Partido Liberal, el Ministerio Fiscal demostró estar supeditado al jefe del Ejecutivo cuando este, en un acto interno del Partido Colorado, se pronunció a favor de la detención de Stiben Patrón.
Días después Patrón era arrestado y encarcelado en la prisión de Emboscada, a unos 40 kilómetros de Asunción.
La pasada semana, en otro acto colorado, Cartes dijo, sin mencionar sus nombres, que había dos periodistas que debían estar en prisión, en alusión a un popular matrimonio de comunicadores televisivos que transmitieron en directo los incidentes del Congreso y que según el oficialismo los instigaron.
Las expresiones de Cartes se realizaron en el contexto de las elecciones internas del Partido Colorado de cara a las generales de 2018, en las que el mandatario respalda a al ex ministro de Hacienda Santiago Peña, su precandidato a la Presidencia.
Se trata de un escenario electoral caldeado por las consecuencias de ese proyecto de reelección, cuya estela sigue presente pese a que fue enterrado por Cartes, víctima de las torpezas políticas de su propio partido.