SUSPENDEN POR UN AÑO LOS DESALOJOS DE FAMILIAS EN VILLAS Y ASENTAMIENTOS BONAERENSES

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Los desalojos de las personas o familias que habitan en villas y asentamientos precarios en la provincia de Buenos Aires que estén inscriptos en el correspondiente registro quedarán suspendidos por un año, a partir de hoy.
El gobierno bonaerense publicó hoy en el Boletín Oficial la Ley 14.939, votada en septiembre por la Legislatura bonaerense.
Se trata de una iniciativa impulsada por la legisladora Mónica Macha (FpV-PJ), que modificó la norma 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, ya que vencía en diciembre de este año.
Según precisaron fuentes del Consejo Provincial de Hábitat, en la provincia de Buenos Aires hay registradas alrededor de 1.500 villas y asentamientos precarios en el registro público creado en 2012, pero detallaron que “ese número cambia permanentemente”.
El último informe oficial fue elaborado en enero por el gobierno bonaerense y determinó que eran 1.134 las villas del Conurbano, y 451 las del interior bonaerense, barrios en los que vivían alrededor de 419 mil familias.
Macha explicó a Télam que “esta ley garantiza el derecho a la vivienda y crea un marco legal, una protección concreta para las familias más vulneradas”.
El artículo 70 de la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat ya establecía la posibilidad de que la Legislatura provincial suspendiera las medidas judiciales o administrativas que implicaran el desalojo de familias que habiten en villas o asentamientos precarios cuando integraran el Registro. Pero se requería que se dictara una norma específica.
“Con esta ley logramos que se sostenga a través del tiempo la articulación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo que habíamos propuesto en la norma anterior. Esta instancia implica la participación de más actores sociales y que se eviten desalojos violentos”, dijo Macha.
En la misma línea, Eduardo Reese, director de Derechos Económicos y Sociales del CELS, dijo a Télam que “esta ley plantea que si un juez llega a la medida extrema de dictar un desalojo, tiene la obligación de abrir un período de un año de negociación para resolver el problema e informar a la Subsecretaría de Tierras, para que ese organismo vea si hay una salida”.
“La Ley 14.449 abrió un proceso importantísimo de regularización de barrios. Pensemos que de acuerdo con la información oficial, son más de 1500 barrios que involucran a casi 420 mil familias: algunas están en tierra estatal, otras en tierra púbica o privada”, evaluó Reese, y añadió que “esos barrios están en proceso de regularización, pero ese recorrido será lento y complejo, por eso el Estado debe agotar las instancias para que esas personas que figuran en el Registro no estén alcanzados en un desalojo”.
En tanto, la dirigente de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat y diputada provincial Alicia Sánchez contó a esta agencia que “una vez que el juez determina el conflicto con el barrio y quiera desalojar, primero tiene que llamar a Tierras de la provincia y fijarse si no está en el Registro, porque si lo está, no puede hacerlo”, especificó.
Además, apuntó que “esto le da seguridad jurídica a esa gente porque hay miles de familias que no tienen escritura o no pudieron acceder al dominio de la tierra, y no porque se nieguen a pagar sino porque muchas veces los dueños se murieron o hay gente que se niega a venderla”.
“La Ley 14.449 dice que los barrios privados deben aportar de un 10 a un 33% del valor de la tierra a un fondo municipal para que la comuna compre tierras accesibles para sectores populares. Pero esto no se cumple. En la provincia también hay un fondo que proviene del Baldío Urbano, y se cobra un 50% para hacer obras de infraestructura en barrios carenciados”, describió.