SENADO: VUELVEN A DEBATIR EN COMISIÓN EL PROYECTO QUE PENA LA CORRUPCIÓN EMPRESARIA

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El proyecto de ley de responsabilidad penal empresaria, que considera imprescriptible el delito de corrupción y establece un régimen de castigo para las personas jurídicas que delincan contra la administración pública y por cohecho transnacional, volverá a ser debatido en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara de Senadores esta semana, según se informó oficialmente.
La iniciativa ingresó hace diez días a la Cámara alta, luego de haber sido aprobada por Diputados la primera semana de julio.
La tardanza responde a que las autoridades de la Cámara baja descubrieron que había dos artículos que se contradecían entre sí.
En el dictamen de mayoría, se había modificado la redacción del artículo 258 bis del Código Penal, sin aumentar las penas.
Pero en la votación en particular del proyecto, se incorporó una modificación en el mismo artículo, subiendo las condenas.
De hecho, a los pocos días de la aprobación en Diputados, el ministro de Justicia, Germán Garavano, estuvo presente en el Senado para opinar sobre la iniciativa, aunque lo hizo brevemente a pedido de los jefes de las bancadas de Cambiemos, el radical Angel Rozas; y del FPV, Miguel Angel Pichetto, porque el proyecto no había llegado de Diputados.
Sin embargo, durante su breve alocución ante los legisladores, Garavano respaldó firmemente el proyecto impulsado por el oficialismo.
El ministro consideró como “muy valioso que en la Argentina se dé un paso adelante para sancionar a personas físicas y jurídicas por hechos de pago de coimas y por los beneficios ilegales que eso produce”.
En ese sentido, reclamó al Senado que vuelvan a introducir un artículo en la sanción de Diputados para que se puedan iniciar investigaciones en base a las confesiones de las empresas que admitan haber pagado sobornos.
“No podemos sancionar con legislación penal hacia atrás. Sin embargo, en estos casos, se trata de delitos que se cometieron y sería muy valioso poder regular que las empresas que admitieron haber pagado coimas, puedan reparar el daño que generaron”, pidió.
Garavano se refirió de ese modo a la eliminación de un artículo que posibilitaba obtener información sobre hechos previos a la sanción de la ley, como con el caso Odebrecht.
Ese artículo, rechazado por la oposición, permitía que empresas que sobornaron a funcionarios públicos pudieran aportar datos ante la autoridad administrativa para activar causas judiciales.
Además, en la sanción de Diputados se dejó establecido que el régimen de responsabilidad fiscal se aplicará en los delitos previstos en el Código Penal cometidos por personas de capital extranjeros con o sin participación estatal.
Las multas serán de un 0,5 a un 10 por ciento de los ingresos brutos anuales que la empresa condenada hubiera tenido en el último ejercicio anterior a la comisión del delito.
Para el caso de las personas jurídicas que se hayan constituido en el plazo de doce meses a la comisión del delito o no hayan declarado ingresos en el último ejercicio anterior a la comisión del delito, serán sancionadas con multas de entre el 0,5 y el diez por ciento de los ingresos brutos promedio registrados al momento de la comisión del delito.
Por otra parte, se establece que el ministerio Público Fiscal y la persona jurídica acusada podrán celebrar un acuerdo de colaboración eficaz, por medio del cual el imputado se obligue a cooperar, a través del relevo de información o datos precisos, útiles, completos y comprobables para el esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus autores o partícipes y el recupero del producto o las ganancias del delito.
En ese sentido, el acuerdo de colaboración eficaz podrá celebrarse hasta la citación a juicio.
Finalmente, el proyecto establece que la recaudación por el cobro de multas se destinará a los ministerios de Educación y de Salud; si el delito fuera cometido en una jurisdicción provincial, será la gobernación la que decida el destino de esos fondos.
La iniciativa comenzará a ser debatida el martes 2 de agosto desde las 14, en el Salón Azul del Palacio Legislativo.
Según se informó, fueron convocados para expresar sus opiniones la secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Laura Alonso; la directora de Planificación de Políticas de Transparencia, Mora Kantor; y el director Nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal, Carlos González Guerra.
También fueron convocados el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo; y el presidente de la Comisión de Derecho Penal del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Juan María Rodríguez Estévez.
La discusión continuará, según lo acordado, al día siguiente desde las 11 en el Salón Arturo Illía del Senado.