RÍO NEGRO EN EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN PRODUCTIVA

La Legislatura de Río Negro adhirió hoy por unanimidad a la ley nacional 27.264 de fomento a las Pymes, que establece un programa de recuperación productiva para micro, pequeñas y medianas empresas y prevé que esas firmas “gozarán de estabilidad fiscal provincial” mediante el congelamiento de impuestos y alícuotas hasta diciembre de 2018, dijeron hoy fuentes parlamentarias.
De esta forma, Río Negro se suma a Misiones, Chaco, San Juan, Chubut, Córdoba, Neuquén y Jujuy, que ya han sancionado provincialmente esta Ley por pedido del presidente Mauricio Macri.
Una de las particularidades del proyecto rionegrino es que dispone además la suspensión de los remates judiciales de bienes muebles e inmuebles afectados a la producción y en manos de pequeños productores primarios de la provincia.
El presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro, Alejandro Palmieri, remarcó que “esta norma da estabilidad fiscal y previsibilidad”,
Palmieri aclaró que las distintas medidas ya puestas en marcha por el gobierno nacional “implican un real esfuerzo de las provincias, porque son impuestos que engrosan la coparticipación de la que se nutren las provincias para su funcionamiento”.
Según el funcionario, “siempre tuvimos a las Pymes en el centro de nuestra gestión de gobierno, con beneficios como los descuentos por pago al día de Ingresos Brutos, exenciones a la actividad primaria, financiamiento a tasas subsidiadas a través de nuestras agencias de desarrollo, entre otros”.
Por su parte, el legislador del Frente para la Victoria, Elvin Williams, expresó -con críticas- el apoyo del bloque: “Estamos hablando de trabajo, de fomento a las inversiones, de beneficios de carácter impositivo y estabilidad fiscal hasta diciembre de 2018, y de la suspensión de remates judiciales”.
Asimismo, advirtió que la ley PYME que fomenta el gobierno nacional no alcanza “porque no tiene en cuenta los factores reales del sector y solo una mínima parte está pudiendo aprovechar sus beneficios”.
El programa de recuperación contempla beneficios impositivos, desde la reducción de la carga tributaria, hasta la ampliación del plazo para el pago del IVA hasta 90 días y el diferimiento del pago de Ganancias para inversiones en bienes de capital.
Además, establece la suspensión -hasta el 31 de diciembre de 2018- de los remates judiciales que puedan hacer perder a las MiPyMEs sus emprendimientos productivos.