El proyecto de ley de financiamiento político que el gobierno enviará este año al Congreso propondrá la bancarización de los aportes a las campañas electorales para que quede registro de los donantes y apuntará a sancionar con mayor severidad las prácticas irregulares del sistema, dijo hoy el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez.
“El problema es que muchas veces no se condice lo que los partidos políticos declaran como gasto de campaña con lo que efectivamente recibieron”, dijo Pérez en una entrevista con Télam.
El funcionario adelantó que el proyecto propondrá la bancarización de todos los aportes para terminar con las donaciones de dinero en efectivo, mientras el ingreso de fondos de privados y empresariales quedará debidamente registrado y con tope.
El proyecto de ley que llegará este año al Congreso tiene un horizonte cercano que son las elecciones nacionales de 2019 y es parte de la reforma política que propicia el Ministerio de Interior. que incluye también la votación a través de la Boleta Unica Electrónica (BUE) y el fin de las colectoras en las elecciones.
También impulsa la llamada “gobernanza electoral”, que propone un órgano independiente que se encargue de la organización de las elecciones y que esté por fuera del Poder Ejecutivo.
Télam (T): ¿Cuál es el objetivo de propiciar una nueva Ley de Financiamiento?
Adrián Pérez (AP): Estamos convencidos de que hay que mejorar lo que es la Ley de Financiamiento para que haya más controles y absoluta transparencia, para que la gente pueda conocer efectivamente quiénes son los que donan dinero para una campaña y para que haya más auditorías por parte de la justicia sobre las campañas.
T: ¿El financiamiento de los partidos es un tema de Argentina o una preocupación en el mundo?
AP: El tema del financiamiento en negro, el financiamiento ilegal y los recursos provenientes de ilícitos financiando la política son un problema a nivel mundial.
T: ¿En Argentina ya hay una ley de Financiamiento, hacia dónde avanzan ahora?
AP: Hoy existe una ley de financiamiento en la Argentina, pero creemos que es una ley insuficiente y que tiene que mejorarse. No estamos partiendo de cero, hay regulación. Los partidos políticos tienen que informar cómo gastan en una campaña política, hay control por parte de la justicia y hay topes que se pueden gastar y se pueden recibir como aporte en un campaña.
El problema es que muchas veces no se condice lo que los partidos declaran como gasto de campaña que han recibido con lo que efectivamente se da; de hecho las campañas políticas parecen ser bastante más caras que lo que los partidos declaran.
T: ¿Cuáles son los aspectos que se aspira a mejorar en la nueva ley entonces?
AP: Hay una parte del financiamiento que es negro, que no está registrado. Nosotros vamos a avanzar en que todo esté registrado y bancarizado o sea lo que queremos es terminar con el aporte en efectivo, que es buena parte de las campañas, e ir hacia un aporte bancarizado en donde todo pueda ser trazable.
También aspiramos a mejorar los tiempos y que el informe que hacen hoy los partidos políticos (60 días después de la elección) sea en tiempo real.
Las sanciones existen, pero no el procedimiento para su aplicación, ya que cada juez hace una aplicación supletoria de las leyes y eso hace que las sanciones se demoren.
El registro de la cartelería en vía pública hoy tiene un muy bajo control y debería haber un registro de proveedores para que la justicia pueda conocer efectivamente cuáles son las contrataciones que se hacen en la vía pública y con qué montos.
T: ¿En la región, qué países también están discutiendo el financiamiento de los partidos políticos?
AP: Cada vez hay más recursos en la región que, en muchos casos, provienen de ilícitos volcados en la política. Chile y Brasil ya comenzaron a discutirlo.
T: ¿Cuál es la ley que considera debe tener Argentina?
AP: La Argentina tiene que ir en esa línea y no porque no tengamos legislación, porque tenemos una (2009) que tuvo avances importantes, sino porque todavía tenemos muchas cosas pendientes para mejorar.
Creemos que hay que cruzar datos que tiene el Estado para hacer el control y la auditoría sobre el financiamiento de la campaña, porque hoy está por un lado la información de la UIF (Unidad de Información Financiera), por otro lado de la Procelac, de la Anses y de la Cámara Electoral, por lo que hay que cruzar esos datos y así poder controlar efectivamente y auditar el financiamiento de la campaña.
T: ¿El proyecto contemplará también las malas prácticas políticas?
AP: El Estado no puede ser un lugar para el clientelismo; el Estado no es un lugar para hacer política. Hay que tener una sanción dura para aquel que usa los recursos del Estado con fines partidarios o para una campaña, o aquel que pretende conseguir un voto con algún plan. Todo tipo de política clientelar tiene que estar sancionada y nosotros proponemos discutir esto: sancionar el clientelismo, la mala utilización de los recursos públicos con fines electoralistas.
T: ¿Quién debe ejercer ese control?
AP: El control debe estar fuera del Gobierno y que sea la propia justicia la que esté encargada de ese control y, para eso, hay que darle herramientas para que puedan auditar a los partidos políticos en tiempo real, y para eso es necesario llevar el número de contadores que hacen las auditorías de 8 que hay hoy, a 20.
También es necesario que haya un procedimiento electoral para sancionar con plazos concretos a los partidos políticos que incumplen la ley.
T: ¿Cuáles son los problemas del financiamiento de la política?
AP: Todos sabemos que en materia de financiamiento hay mucho dinero en negro, hay mucho de prestanombre, o sea gente que aparece prestando el nombre para una empresa que financia. El aporte privado tendría que poder ser habilitado y también el aporte empresario, con un tope, es decir que nadie pueda tener el financiamiento único de una campaña pero sí que pueda haber pequeños aportes tanto de personas físicas como de personas jurídicas y que eso sea auditado.
T: ¿En el marco de la reforma política, qué es lo que queda pendiente?
AP: Nosotros teníamos tres capítulos, que eran cambiar el instrumento de votación, y terminar con las colectoras y con las candidaturas múltiples. Ese proyecto se inició y tuvo media sanción de la Cámara de Diputados y está el Senado. Veremos cómo lo trata el Senado. El proyecto incluía Boleta Unica Electrónica (BUE) y el fin de las colectoras.
Este es el segundo proyecto, que es del financiamiento, y está el tercero, de gobernanza electoral, que propicia la existencia de un órgano que se encargue de la organización de las elecciones y que esté por fuera del Ejecutivo, es decir que tenga independencia.
La entrevista tuvo como marco el seminario “Financiamiento de los partidos políticos en la Argentina, diagnóstico y desafíos” que tiene lugar hoy en la Casa de Gobierno, y cuya apertura estuvo a cargo del ministro de Interior, Rogelio Frigerio.
Participan legisladores de las diferentes fuerzas políticas y especialistas nacionales e internacionales en la materia.
El cierre del encuentro, que se realizará en el Salón Pueblos Originarios de la Casa Rosada, estará a cargo de Adrián Pérez, y de Alberto Dalla Vía, presidente de la Cámara Nacional Electoral.