PIDEN IMPUTAR AL JEFE DE SEGURIDAD DEL PARLAMENTO Y LA OPOSICIÓN CONSIDERA VINCULANTE SU CONSULTA DEL DOMINGO

16

El conflicto que cruza al Ministerio Público venezolano (MP) con el oficialismo dio hoy otro paso, a partir de la decisión de la Fiscalía de imputar al coronel Bladimir Lugo Armas, jefe del comando de la Guardia Nacional (GNB, policía militarizada) que custodia la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) por “violación de derechos humanos”, mientras la vicefiscal no reconocida también pretende revisar el caso de 14 policías, y la oposición reivindicó como “vinculante” la consulta que hará el domingo.
El MP señaló que la fiscal 49 nacional “libró citación en calidad de imputado contra el coronel” Lugo Armas y que el efectivo de la GNB deberá comparecer ante el organismo el jueves, 8 días después de que grupos chavistas entraran por la fuerza a la sede legislativa, algunos de ellos armados con palos, y dejaran una veintena de heridos incluyendo siete diputados opositores.
El personal de seguridad de la Asamblea logró expulsar a los violentos minutos después de su irrupción en el perímetro, pero un grupo de chavistas permaneció fuera durante al menos siete horas impidiendo la salida a todos los que se encontraban en las instalaciones.
El presidente de la AN, el opositor Julio Borges, dijo que el ataque fue ordenado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, y afirmó que los atacantes fueron apoyados por la GNB, incumpliendo con las labores de resguardo, aunque aclaró que muchos subordinados de este cuerpo manifestaron su desacuerdo con la situación.
En paralelo, la vicefiscal nombrada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Katherine Haringhton, pidió hoy a la Sala Penal de la alta corte que revise el caso de 14 policías del municipio capitalino Chacao detenidos sin causa, pese a que la Fiscalía no la reconoce en el cargo.
La situación se produce en el medio de una coyuntura de desconocimiento mutuo: el Supremo desconoce a la fiscal Luis Ortega Díaz, sobre la que se desarrolla un proceso de enjuiciamiento desde la máxima corte que podría separarla del cargo, y la funcionaria asegura que los magistrados son “ilegítimos”.
Bajo este escenario el TSJ informó a través de la red social Twitter que Haringhton “comisionó a la fiscal 14 AMC (Área Metropolitana de Caracas) para revisar el caso relacionado con los 14 funcionarios de Polichacao”, e indicó que la vicefiscal además consignó un escrito de revisión de medidas.
El pasado 8 de julio la Fiscalía venezolana solicitó la liberación de estos 14 funcionarios que siguen detenidos por su presunta vinculación con el homicidio del ex director de prensa del Parlamento Ricardo Durán, cercano al chavismo, pese a que un tribunal ordenó su excarcelación hace casi un año.
Al costado de este tironeo institucional, la Conferencia Episcopal venezolana pidió hoy al presidente Maduro que retire el llamado a elegir una Asamblea Constituyente, que a juicio de los obispos no servirá para resolver la escasez alimentaria y de medicamentos ni la grave crisis política que vive el país, consignó la agencia EFE.
En una carta dirigida al mandatario, la jerarquía católica consideró “urgente” que el Ejecutivo reconozca “la autonomía de todos los poderes públicos” y de manera especial la del Parlamento y la Fiscalía General, dos instituciones a las que el gobierno ha acusado de golpismo.
Firmada por el presidente de la Conferencia Episcopal, Diego Padrón, y por otros cinco obispos y arzobispos, la misiva solicita también a Maduro que cumpla “los acuerdos que se alcanzaron en la primera ronda de diálogo con la oposición”, en referencia a la fracasada negociación auspiciada el año pasado por El Vaticano.
En aquellas conversaciones, los mediadores pidieron al gobierno el llamado a elecciones, la liberación de los opositores presos, la puesta en marcha de medidas para aliviar la crisis económica y la restitución plena de los poderes del Parlamento, de mayoría absoluta opositora y declarado “en desacato” por el Tribunal Supremo.
El fin de semana, la Iglesia calificó de “dictadura” al gobierno y advirtió que el proceso constituyente serviría para “constitucionalizar una dictadura militar socialista, marxista y comunista”.
Sobre su propia consulta, que hará el domingo, la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) declaró hoy que tendrá carácter “vinculante”.
“Esta consulta pública, que está establecida en la Constitución, es vinculante. Que quede muy claro que lo que vamos a decidir este domingo es de obligatorio cumplimiento para el régimen de Maduro, para la Fuerza Armada Nacional (y) para todos los poderes públicos”, señaló a periodistas el diputado opositor Luis Florido.
Hace una semana, el antichavismo convocó a una consulta para que los venezolanos expresen su apoyo o rechazo a la ANC que llamó Maduro, cuyos asambleístas deben ser electos el 30 de este mes.
El oficialismo, por supuesto, considera que el llamado opositor a una consulta no está respaldado por la Constitución venezolana vigente, y que por tanto es ilegal, y no tiene fiscalización del Consejo Nacional Electoral (CNE), que organiza los comicios en el país.
Florido, del partido Voluntad Popular (VP), explicó que la consulta está amparada por el artículo 70 de la Carta Magna, que establece que “la consulta popular” y otros “medios de participación y protagonismo del pueblo” serán de carácter “vinculante”.
En tanto, centenares de caraqueños protagonizaron hoy el “trancazo por la libertad”, reprimido por las fuerzas de seguridad en algunas zonas de la capital, como El Rosal y La Florida, con gases lacrimógenos, reportó la agencia ANSA.
La protesta se extendió entre 8 y 10 horas -hubo diferencias dentro de la MUD por la duración de la medida- y fue en rechazo a la Constituyente.