MIENTRAS SE DISTRAJO CON EL HELICÓPTERO, VENEZUELA PROFUNDIZÓ SU CRISIS INSTITUCIONAL

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El confuso episodio del helicóptero policial desde el cual se atacó a un par de edificios públicos distrajo hoy la atención de los ciudadanos en Venezuela, mientras se profundizaba la crisis institucional mediante el avance del Poder Judicial sobre la Fiscalía General de la República.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le prohibió salir del país y le congeló las cuentas bancarias a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, y convocó para el martes próximo la audiencia oral y pública en la que iniciará el proceso de enjuiciamiento de la funcionaria.
La máxima corte aclaró que adoptó las medidas cautelares contra Ortega por unanimidad de sus miembros y a pedido del diputado Pedro Carreño, que es además uno de los vicepresidentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) gobernante.
Más temprano, Ortega denunció que hay en marcha un “proceso progresivo de desmontaje del Ministerio Público” (MP) luego de que el TSJ divulgara un fallo que transfiere atribuciones constitucionales de ese organismo a la Defensoría del Pueblo y destituyera al vicefiscal general, Rafael González Arias, designado por aquélla hace diez días.
El MP y la Defensoría forman parte del Poder Ciudadano -uno de los cinco poderes constitucionales de la república en Venezuela- y están a cargo de los reconocidos chavistas Ortega Díaz y Tarek William Saab.
Sin embargo, Ortega Díaz quedó enfrentada con el gobierno al criticar en los últimos tres meses varias iniciativas, como los fallos del TSJ que limitaron la inmunidad de los diputados y se arrogaron la facultad de legislar, y la convocatoria del presidente Nicolás Maduro a una asamblea constituyente.
“Lo que el TSJ hizo con la Asamblea Nacional ahora lo quiere hacer con el MP, es decir, continuamos en la ruptura del orden constitucional; desconozco las sentencias emitidas por el TSJ”, dijo Ortega Díaz en conferencia de prensa.
La Asamblea Nacional es el parlamento unicameral. El Legislativo es el único de los cinco poderes bajo control de la oposición al chavismo, que utilizó al TSJ para neutralizar la labor parlamentaria mediante la declaración de inconstitucionalidad o de nulidad de leyes y resoluciones.
Paralelamente, el gobierno informó que el helicóptero fue hallado hoy en una zona selvática del estado Vargas, al norte de Caracas, y aún buscaba al piloto que lo robó, el oficial -y además, actor- Oscar Pérez, al que calificó de “terrorista” y cuya captura internacional pidió.
El incidente del helicóptero ocurrió en la tarde de ayer, poco después de que Maduro anunciara a través de la cadena obligatoria de radio y televisión que si cayera la “revolución bolivariana”, el chavismo hará “con las armas” lo que “no se pudo con los votos”.
Pérez, inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc, policía científica), condujo un helicóptero de ese organismo que disparó y lanzó granadas sobre los edificios del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Ministerio de Interior y Justicia.
El gobierno dijo que se trató de un “ataque terrorista” y vinculó a Pérez con el general Miguel Rodríguez Torres, ex ministro de Interior al que a su vez relacionó con la Agencia Central de Inteligencia (CIA, en inglés) de Estados Unidos.
Nadie resultó herido y los edificios no mostraban hoy señales de daños, por lo que el hecho agregó otra capa de intriga a un crisis política de antigua data, que se profundizó desde comienzos de abril, con protestas cotidianas que dejaron 78 muertos y más de 1.400 heridos, según datos oficiales.
Al mismo tiempo, Pérez publicó en redes sociales un video en el que pronunció un discurso que pese las afirmaciones y consignas que contuvo no dejó claro el objetivo de la maniobra.
Dijo que actuaba en nombre de “una coalición entre funcionarios militares, policiales y civiles en búsqueda del equilibrio y en contra de este gobierno transitorio criminal”, y que realizaba “un despliegue aéreo y terrestre con el único fin de devolver al pueblo y así hacer cumplir las leyes para restablecer el orden constitucional”.
Tal como habían hecho días atrás figuras de la oposición, Pérez invocó el artículo 350 de la Constitución, que establece que el pueblo venezolano “desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.
La espectacularidad del incidente -que incluyó el despliegue de tropas militares y tanques de guerra en el centro de Caracas y coincidió con un asedio de cientos de simpatizantes chavistas a la sede del parlamento- concentró la mayor atención de los venezolanos.
Mientras tanto, la cantidad de víctimas fatales registradas en el contexto de las protestas callejeras que viene realizándose desde comienzos de abril pasado ascendió a 78 luego de que el MP confirmara los decesos de Jhonatan Zavatti e Isael Macadán.
Zavatti, de 25 años, había sido baleado el lunes en Petare, en el municipio caraqueño Sucre, y murió ayer; Macadán, de 18, perdió la vida hoy en Barcelona, capital del estado Anzoátegui, tras recibir un balazo en la cabeza y otro en el brazo durante una manifestación de protesta.