MIEMBROS DE LA OCDE PIDIERON HOY EN EL CONGRESO LA APROBACIÓN DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD EMPRESARIA

14

Delegados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) pidieron hoy en el Congreso de la Nación acelerar la sanción del proyecto de ley sobre Responsabilidad Penal Empresaria y recomendaron modificaciones al texto que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados.
La delegación, integrada por Patrick Moulette, William Loo, Ignacio Castillo Val, Paul Leder y David Green, miembros de la División Anticorrupción de la OCDE se reunió hoy con legisladores de ambas cámaras, a quienes hicieron recomendaciones al proyecto que prevé un nuevo régimen de penas para casos de corrupción que involucren a empresarios y a la administración pública,
Los delegados desayunaron en el Senado con el presidente del cuerpo, Federico Pinedo, y los jefes de los bloques de Cambiemos y del Pj-FPV, Angel Rozas y Miguel Pichetto, respectivamente, y la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso.
Al término de ese encuentro, que se desarrolló a puertas cerradas en el comedor de la Cámara alta, los representantes de OCDE, acompañados por Alonso, se entrevistaron en la Cámara de Diputados con la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR) y sus pares, Margarita Stolbizer, Patricia Giménez, Silvia Lospenatto, Karina Banfi y Pablo Tonelli.
El proyecto de ley sobre Responsabilidad Penal Empresaria, ya aprobado en Diputados, debe ser tratado por el Senado, donde aún no cuenta con dictamen en comisión debido a los numerosos cambios que serían introducidos por los senadores, algo que obligaría a devolver la iniciativa en revisión a la Cámara baja para su sanción definitiva.
Alonso informó esta tarde que en las reuniones de hoy “cada país miembro de OCDE aportó su experiencia a partir de la legislación” con que cuentan y se destacó “la importancia de generar incentivos claros para las empresas que hayan participado en actos de corrupción y quieran y puedan brindar información oportuna, útil y comprobable”.
Según la funcionaria, los miembros de la OCDE “fueron muy taxativos” al declarar que eventuales intermediarios o terceros involucrados en los casos de pagos de sobornos entre empresarios e integrantes de la administración pública “tienen que ser incorporados en el marco de la legislación”.
También mencionaron a las pymes y consideraron que se debe reconocer que “tienen una naturaleza distinta, deben ser responsabilizadas si cometen corrupción”, sostuvo Alonso.
Tal como lo hizo en su exposición de hace diez días en el Senado, la funcionaria insistió con la necesidad de aprobar una ley penal empresaria al considerar que “una de las cosas que más evalúan y miden los inversores son los niveles de corrupción de los países” y advirtió que “contar con una ley de este tipo ayuda a aumentar la confianza a la hora de decidir hacer una inversión, y eso a la vez es clave para la generación de empleo”.
“Vamos a empezar a definir el proyecto de responsabilidad penal de las empresas para devolverlo a Diputados con modificaciones”, recalcó Pinedo tras el encuentro.
Entre los cambios reclamados por OCDE y que se analizan a la propuesta aprobada por la Cámara baja, figuran el contenido del artículo 1 que establece el nuevo régimen de responsabilidad penal para “los delitos previstos en el Código Penal de la Nación cometidos por personas jurídicas privadas ya sean de capital nacional privado o extranjero con o sin participación estatal”.
El chileno Ignacio Castillo planteó en ambas reuniones “como excesivo” haber incluido la mayoría de los delitos del Código Penal al entender que esto impide “hacer eficiente” la aplicación de la ley y evaluó que “lo mas lógico es establecer un sistema gradualista para que las empresas cumplan con el plan de integridad para prevenir en principio actos de cohecho”.
Los pedidos de modificación a este artículo en particular, repetidos también por representantes del Poder Judicial que expusieron en el Senado durante el debate de la iniciativa en comisión, tienen que ver con que la lista de delitos a ser penada por este nuevo régimen debería ser acotada inicialmente a los cargos de “cohecho, soborno internacional, malversación de caudales públicos, peculado, exacciones ilegales, defraudación a la administración publica y negociaciones incompatibles”.
Alonso también destacó ante los miembros de OCDE la necesidad de acotar los delitos para las personas jurídicas que cometan actos de corrupción.
Cuando la propuesta del Poder Ejecutivo fue tratada en Diputados, el oficialismo aceptó incorporar una sugerencia del Frente Renovador para evitar que se caiga la sanción de esta iniciativa y allí se incorporó este punto polémico: la extensión de todos los delitos del Código Penal a las empresas que cometan hechos de corrupción.
Lospenatto dijo que los representantes de la OCDE plantearon la necesidad de acotar la lista de delitos y penalizar específicamente el soborno al sostener que de lo contrario la ley puede “ser inaplicable” para aquellas empresas que acepten ser incluidas, por ejemplo, en un programa de integridad.
La diputada Burgos coincidió con Lospenatto y señaló que los miembros de la OCDE trasmitieron a los diputados que “no es bueno la ampliación a tantos delitos porque, puede entorpecer la aplicación de la futura ley” y precisó a Télam que “la mayoría de los países comenzó con un número acotado de delitos y luego lo fue ampliando”.
Otro de los puntos que generó polémica y que recibiría modificaciones es el que equipara los delitos penados en esta nueva ley con los de lesa humanidad al declararlos imprescriptibles.
En el debate en comisión en el Senado también se cuestionó el pedido de la titular de la Oficina Anticorrupción para reflotar la denominada “cláusula Odebrecht”, reflejada en el artículo 37 -que no se votó- y que planteaba que las personas jurídicas podrían “solicitar el acogimiento voluntario a un acuerdo administrativo de colaboración eficaz” por “hechos anteriores a la sanción de la presente ley”.
Los representantes de OCDE también pidieron que se precise el tema de las multas en cuanto a que deben ser fijadas sobre el monto del daño ocasionado por el acto de corrupción y no sobre la facturación anual de la empresa en cuestión, como sostiene la actual iniciativa.
El debate en el Senado en la comisión de Justicia y Asuntos Penales que preside el senador del FPV Pedro Guastavino será retomado el mes próximo pero se estima que recién podría recibir dictamen en octubre.
La OCDE, integrada por 35 países desarrollados y emergentes, con sede en París, y al que Argentina busca incorporarse, define procedimientos y prácticas de transparencia y fortalecimiento institucional con altos estándares para sus miembros.