Los franceses son quienes más hicieron cumplir su “derecho al olvido” para borrar información que lesiona su honor y que, publicada principalmente en Facebook, Twitter y Google+, aparece en los resultados de búsqueda de Google, mostró un informe elaborado por el gigante de Internet.
Con más de 140.000 solicitudes para retirar -de casi 500.000 URLs- información personal considerada perjudicial, los franceses utilizaron más que cualquiera de sus vecinos europeos esta normativa de privacidad establecida en mayo de 2014, con la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJE) le brindó a los ciudadanos del viejo continente el derecho a ser eliminados de los resultados de búsqueda.
Pero Alemania, el Reino Unido y España no se quedan atrás en el uso de este derecho, ya que ocupan el segundo, tercer y cuarto puesto con 109.520, 79.510 y 64.875 pedidos de eliminación de información, respectivamente.
En total, entre todos los países de la UE suman 654.876 las solicitudes de eliminación de contenidos enviadas a Google, que hacen referencia a más de 2,4 millones de direcciones URL.
El fallo del TJE había establecido que los buscadores de Internet deben eliminar de sus listas de resultados los enlaces que llevan a información publicada por terceros cada vez que una persona particular se los solicite, por considerar que esos datos resultan perjudiciales para su persona.
La sentencia indicó que en ese tipo de casos la información en cuestión “afecta potencialmente a una multitud de aspectos de la vida privada” y avaló que tales datos “se ‘olviden’ tras un determinado lapso de tiempo”.
Sin embargo, atendiendo al derecho de las personas a informarse, la decisión del TJE consideró una excepción para el caso de aquellas personas públicas sobre las que existe un interés especial, como por ejemplo los funcionarios gubernamentales.
A esta directiva se sumó el hecho de que el Tribunal depositó en los propios buscadores la responsabilidad para hacer cumplir la sentencia, así como la aplicación de los criterios para elegir en casos debía valer el derecho al olvido.
Así, desde el 29 de mayo de 2014 y el 26 de febrero de 2018, el total de URLs retiradas fue de 900.665 (43,3% del total), mientras que las que no fueron eliminadas ascendió a 1.180.238.
Entre los casos en los que no se accedió a las peticiones está el de “un cura condenado por posesión de imágenes de abuso sexual infantil nos pidió que retiráramos los artículos en los que se informa de su sentencia y expulsión de la iglesia”, describió Google, entre varios otros ejemplos.
Google explicó que solo se retiran páginas de los resultados como respuesta a solicitudes relacionadas con el nombre de una persona concreta, y especificó que los pedidos son evaluados “uno por uno”.
“En algunos casos, es posible que pidamos más información a la persona que presentó la solicitud”, señaló, y agregó que una vez tomada la decisión, el solicitante recibe un correo electrónico en el que se le notifica al respecto.
La mayoría de las solicitudes referían a resultados de búsqueda que llevaban a contenidos publicados en redes sociales y directorios, además de otros pedidos de eliminación de historial legal e información profesional reportada por medios de comunicación y páginas gubernamentales.
Además de Facebook, Twitter, YouTube y Google +, los sitios más reportados son “annuaire.118712.fr”, “scontent.cdninstagram.com”, “www.youtube.com”, “www.infobel.com”, “www.wherevent.com” y “pbs.twimg.com”.
Si bien los indexadores se han quejado de la falta de precisión en la directiva del TJE, los poderes judiciales de los distintos países van llenando ese vacío, como sucedió hoy en Alemania, donde la justicia falló contra un matrimonio que le pidió a Google la eliminación preventiva de un material que consideraban dañaba su honor, haciendo uso del “derecho al olvido”.
El argumento del tribunal para su decisión fue que los buscadores de Internet no están obligado a garantizar que los sitios web estén libres de contenido difamatorio antes de mostrar sus links en los resultados de búsqueda.
“No se puede razonablemente esperar de ellos que se aseguren que los contenidos encontrados por los programas de búsqueda fueron subidos a Internet conforme a derecho antes de hacerlos visibles”, sostiene la sentencia firme de la sala sexta de lo civil del Supremo.
Sin embargo, sí considera que el operador de un buscador de Internet debe reaccionar una vez que tenga conocimiento a través de un “indicio concreto” de una violación del derecho al honor “pública y reconocible a primera vista”.