LEY DE SEMILLAS: LA NO SANCION TIENE UN COSTO DE u$s 3.000 MILLONES ANUALES

Ley de Semillas: La falta de definiciones tiene un costo estimado en u$s 2,000 millones anuales

y se frenan inversiones por u$s 1,000 millones

El gobierno ha hecho esperados y ponderados avances en tratar de lograr el consenso entre los principales actores del sector público y privado, para que la Argentina pueda tener una Ley de Semillas acorde con  los tiempos actuales y considerando el rápido avance de las nuevas tecnologías de mejoramiento genético, edición genómica y descubrimiento de genes. Una nueva ley tiene como primera consecuencia directa la redirección de las inversiones del sector semillero, que en los últimos años debieron migrar sus programas de investigación y desarrollo  a países como Brasil, Paraguay e incluso Estados Unidos. Y como segunda consecuencia poder ofrecer a los productores argentinos el mismo nivel tecnológico que hoy utilizan los productores de nuestros países competidores, Brasil y Estados Unidos.

En el caso del tema de las malezas resistentes a determinados herbicidas, hoy estamos como en la década del 90, donde el mayor costo es el referido al mayor uso de herbicidas para el control de malezas. La imposibilidad de los productores de poder utilizar una variedad de soja que les  permite resistencia a determinados herbicidas que podrían controlar esas malezas, implica para los productores un sobre costo de 75 u$s/ha considerado el menor costo por menor utilización de herbicidas e incluyendo el  pago de la correspondiente regalía por la nueva variedad de soja. En 20 millones de hectáreas, los productores dejan arriba de la mesa u$s 1,500 millones anuales, que bien podrían transformarse en mayores ingresos para los productores y en mayor cantidad de dinero disponible para reinvertir en maquinarias y nuevas tecnologías.

Hoy en la Argentina la ganancia genética de los rendimientos  en variedades autogamas, trigo y soja principalmente, es del 1% anual mientras que otros países como Estados Unidos y Brasil su ganancia genética es del 2 al 2,5%. Solo con este desfasaje, la Argentina pierde por año u$s 300 millones.

Los productores de soja de Brasil y de Estados Unidos están utilizando genética de soja desarrollado por semilleros argentinos.

Si la aprobación de la Ley de Semillas se sigue dilatando, organismos como el INTA corren el riesgo de no poder sostener más de 90 programas de investigación que no solamente podrían beneficiar al trigo y a la soja, sino también a cultivos como el poroto, el maní, el garbanzo, la arveja, la cania de azúcar, el algodón. Para estos cultivos la pérdida anual por no disponer de mejores variedades se estima en una cifra conservadora de u$s 200 millones. También se impide que el INTA pueda cobrar genuinas regalías por el desarrollo de nuevas variedades genéticas.  El boomerang llega entonces  a las economías regionales, las más afectadas por la actual situación microeconómica y por los altos costos impositivos, de logística y transporte, sumada  la baja de los precios internacionales.

La demora en la aprobación de la Ley de Semillas frena toda chance o posibilidad de poder mejorar la competitividad del sector agropecuario en su conjunto, tanto Pampa Húmeda como Economías Regionales. Y además se vuelven a frenar futuras inversiones del sector semillero, estimadas en el orden de los u$s 1,000 millones anuales.

A quien le conviene la demora en la aprobación de la Ley de Semillas, que contaba con el consenso de casi todas las entidades, empresas públicas y sector privado, es algo que no se llega a comprender bien.

Esta pregunta la deberían responder las dos entidades, que componen la supuesta mesa de enlace, que están dilatando,  enfriando, o interfiriendo en la gestión y estrategia del gobierno para terminar de una vez por todas con este tema. Nos deberíamos cuestionar,  tan trascendente son  los temas que plantean  estas entidades como para frenar  el desarrollo tecnológico de todo un país?. Quien se hará responsable de la perdida de los productores de u$s 2,000 millones anuales y la falta de inversiones por u$s 1,000 millones. El costo de la inacción, medido como interferir en el avance de los procesos tecnológicos,  tiene un costo y es hora que alguien se hago cargo. Sugiero se avance en la aprobación de la Ley en un 90% consensuada, y se deje bajo un paraguas las sugerencias de estas dos entidades siempre y cuando no afecten el núcleo o corazón de la misma. El respeto de la propiedad intelectual que les permita a las empresas poder volver  a reinvertir en nuestro país  y que todos los productores “razonables” se dignen a pagar lo que corresponde. Dejemos la etapa de la pubertad y maduremos de una vez por todas.