LA OPOSICIÓN QUIERE UNA CONSULTA EL DOMINGO 16 Y MADURO RATIFICA LAS ELECCIONES DEL 30

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La oposición venezolana hizo hoy un llamado para que el domingo 16 la ciudadanía elija en una consulta popular “el futuro del país” y apruebe o rechace el proceso constituyente, mientras el presidente Nicolás Maduro ratificó los comicios para la elección de asambleístas y lamentó que haya sectores que salen “a quemar el país”.
En ese contexto, la cuestionada fiscal Luis Ortega Díaz advirtió que “la democracia, la institucionalidad y los derechos humanos en el país se ven seriamente amenazados”.
Los principales dirigentes de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) realizaron hoy un acto para la firma de un “acuerdo nacional por la Constitución”, en el que se plantearon estrategias para actuar en el mes en defensa de la Carta Magna y propusieron una consulta.
“Que sea el pueblo quien decida si convoca y respalda la renovación de los poderes públicos que se encuentran al margen de la Constitución, además de la conformación de un gobierno de unidad nacional y la realización de elecciones transparentes y libres”, anunció el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges.
El legislador anticipó que pedirá a la AN que ponga en marcha el “proceso de consulta” y apeló para ello al artículo 71 de la Constitución, que faculta al cuerpo a convocar a un referendo sobre “materias de especial trascendencia nacional”.
Borges se amparó también en el artículo 350, que enuncia el derecho del pueblo a dejar de reconocer al Gobierno que “contraríe” los principios y garantías democráticas.
Para el jefe parlamentario, la puesta en marcha del mecanismo que llevará a realizar esta consulta es parte de un “proceso democrático para retomar la Constitución”, ante una Asamblea Nacional Constituyente que busca “convertir en algo permanente e irreversible” las “violaciones de derechos humanos” en Venezuela, reportaron las agencias Reuters y EFE.
La Asamblea Nacional venezolana se declaró en rebeldía al considerar que Maduro ha vulnerado la Constitución con algunas decisiones y medidas, la última de ellas la activación de un proceso constituyente que la oposición considera un “fraude” para mantener al chavismo “para siempre” en el poder.
Los venezolanos están llamados a las urnas este 30 de julio para elegir a quienes deben redactar la nueva Carta Magna, una jornada electoral que la oposición ya ha anunciado que boicoteará, y que hoy Maduro ratificó.
La consulta opositora no tendrá, se estima, el aval del Consejo Nacional Electoral (CNE). “Convocamos a todo el pueblo venezolano que diga cuál es la vía que debe seguir para superar esta encrucijada histórica, por lo que este 16 de julio llamamos a elegir el futuro del país para este proceso nacional de decisión soberana”, indicó Borges, para quien después del referendo habrá “una fase superior de lucha”.
La Constituyente volvió a ser cuestionada, además, por la Iglesia, a través del titular de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), monseñor Diego Padrón, quien advirtió que la reforma es “inoportuna” y que plantea introducir fórmulas de carácter “comunista o marxista”.
“Durante mucho tiempo el mismo Gobierno (presidido por Nicolás Maduro) se ha encargado de poner de relieve las bondades de la actual Constitución diciendo que es la mejor del mundo”, resaltó Padrón desde Bogotá, tras participar en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Colombiana.
“La Constituyente nos va a introducir un punto muy discutido, pero muy grave, que es la constitucionalización de un Estado comunal, donde se quiere resaltar el papel de las comunas, en definitiva una fórmula comunista o marxista de organizar la sociedad”, alertó el religioso.
Desde el 1 de abril, Venezuela vive una ola protestas, a partir de la decisión del Tribunal Supremo de despojar de sus funciones al Parlamento, aunque luego dejó de lado esa medida, y las manifestaciones se multiplicaron a partir de mayo, con la convocatoria a la Constituyente. Los actos de violencia ya dejaron más de 80 muertos.
Maduro se reunió hoy con los postulantes a constituyentes en la céntrica plaza Bolívar, y pidió “el mayor nivel de libertad, de unión”, en tanto puso a disposición de los aspirantes a la Asamblea los medios estatales, para darles “la oportunidad máxima a todos los candidatos y candidatas”.
“Los he convocado para la paz y para que activemos el poder originario, y Constituyente habrá el 30 de julio. La Asamblea debe atender como tema principal la especulación y el bachaqueo (el contrabando y la venta ilegal de productos básicos)”, afirmó el mandatario.
Resaltó que a los jóvenes, el Ejecutivo “no les da una bomba, un arma, sino libros” y reclamó “un gran diálogo nacional con todos los sectores del país” para lograr “un país de iguales”, e instó a lograr debates en busca de “la  transformación de la economía venezolana, la derrota de agentes que promueven la violencia y el fortalecimiento del sistema de misiones y grandes misiones”, consignaron diarios caraqueños.
Volvió a cargar contra la oposición, al calificar de “golpe de Estado” la sesión de hoy de la Asamblea Nacional, en la que se ratificó la designación de Rafael González como vicefiscal de la República, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia lo destituyera de manera ilegítima.
A ese debate asistió la fiscal general, Ortega Díaz, quien redobló su enfrentamiento con el Ejecutivo al llamar a la población a cumplir con el deber de restablecer pacíficamente la constitucionalidad del país “amenazada” por las instituciones al servicio del Gobierno.
La titular del Ministerio Público citó el artículo 333 de la Constitución venezolana que “contempla que los ciudadanos y ciudadanas investidos o no de autoridad tienen el deber de colaborar” con el restablecimiento de la efectiva vigencia de la Carta Magna y, en un video que difundió en las redes sociales, llamó a “defender pacíficamente y sin violencia lo que por derecho nos corresponde”.
La fiscal debe ir mañana a una audiencia del Tribunal Supremo de Justicia para determinar si hay motivos para enjuiciarla y separarla de su cargo como pidió el oficialismo, que además logró que se congelen sus bienes y se prohíba su salida del país.