LA LÍDER DE MYANMAR CONDENÓ CON MATICES LA VIOLENCIA CONTRA ROHINGYAS Y EVALÚA EL RETORNO DE LOS DESPLAZADOS

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La mandataria de facto de Myanmar (ex Birmania) y Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, condenó hoy la violencia contra los rohingyas y aseguró estar dispuesta a posibilitar el regreso con condiciones de los más 420.000 desplazados que desde principios de agosto huyeron hacia Bangladesh, en su primer discurso público desde el inicio de la escalada de violencia contra la minoría musulmana.
Acorralada por la presión internacional y envuelta en una denuncia de limpieza étnica que la obligaron a suspender su participación en la Asamblea General de la ONU, Suu Kyi brindó hoy un discurso en la capital Naipyidó ante diplomáticos, autoridades y periodistas en el que nunca mencionó por su nombre a los rohingyas, a los que se refirió como musulmanes.
“Sentimos profundamente el sufrimiento de todos los que se han visto afectados por el conflicto”, afirmó Suu Kyi, aunque consideró que aquellos que han tenido que huir de sus casas no son solo musulmanes, sino también budistas y miembros de otras minorías en la provincia de Rakhine (oeste) afectados por el conflicto.
“Condenamos todas las violaciones de los derechos humanos. Nos comprometemos al imperio de la ley y el orden”, añadió la dirigente en el discurso, que también fue seguido por miles de personas a través de pantalla gigante en Rangún, la antigua capital, reportaron las agencias de noticias EFE y DPA.
El gobierno de Myanmar, sostuvo Suu Kyi, está dispuesto a posibilitar el regreso de quienes huyeron en masa al país vecino a raíz de una ola de violencia desatada a finales de agosto en la fronteriza provincia de Rakhine, pero condicionó ese regreso a un “proceso de verificación” sobre el cual no dio precisiones.
El mensaje a la nación de la líder birmana se produjo en medio de cruces con diferentes organizaciones humanitarias que denuncian la violación de los derechos humanos durante el conflicto, y reclaman el acceso irrestricto a la zona fronteriza con Bangladesh, además de la suspensión de las acciones militares.
Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, acusó la semana pasada a Myanmar de llevar adelante una “limpieza étnica” contra los rohingyas.
En una frase provocadora, Suu Kyi dijo que hasta hoy no quiso responder a todas las acusaciones porque está ocupada promoviendo la “armonía” entre las comunidades, aunque invitó a los diplomáticos extranjeros a visitar la convulsionada provincia donde se iniciaron los disturbios, para observar la situación sobre el terreno.
Myanmar, dijo Suu Kyi, no teme ningún “escrutinio internacional” y se siente comprometido a permitir un monitoreo permanente en la provincia.
No obstante, el gobierno birmano reiteró hoy su rechazo en Ginebra a la Misión de Investigación de la ONU para Myanmar establecida por el Consejo de Derechos Humanos en marzo pasado, porque “no ayuda” a resolver la “compleja situación” con la minoría musulmana.
A la hora de asumir los costos políticos sobre la crisis, la mandataria de facto afirmó que “a pesar de todos los esfuerzos, no hemos podido detener el conflicto (…) No es la intención del gobierno eludir responsabilidades”, no obstante acusó a los milicianos rohingya de “terrorismo”.
A fines de agosto, el Ejército de Salvación Arakan Rohingya (ARSA) inició una serie de ataques a puestos de la policía y el Ejército, lo que derivó en una intervención militar de la zona.
Desde entonces, según la ONU, más de 420.000 rohingya han huido al país vecino de un total de un millón de integrantes de la minoría que se estima, vivían en Rakhine.
El canciller de China, Wang Yi, apoyó a Suu Kyi desde Nueva York, durante una reunión con Guterres, en la que declaró que Beijing “entiende y apoya los esfuerzos de Myanmar para mantener la estabilidad nacional”, según un comunicado publicado por la Cancillería china.
Wang también dijo que “China espera que las armas callen cuanto antes, para que no sean lastimados los inocentes”.
El jefe de la diplomacia de Beijing agregó que China ofrecerá asistencia humanitaria de emergencia a Bangladesh para hacer frente a la llegada de refugiados de Myanmar.
A su vez, desde Moscú, la cancillería rusa ya el viernes pasado había descalificado los “intentos de intervenir en los asuntos internos de Myanmar” porque su único efecto sería profundizar la discordia interreligiosa, informó la agencia de noticias TASS.
Así lo afirmó la portavoz de la Cancillería rusa, Maria Zakharova, quien agregó que su país apoya “los esfuerzos para promover el diálogo interreligioso en Myanmar entre los líderes espirituales de todas las confesiones”.
Myanmar, después de 49 años de regímenes militares, estrenó el 30 de marzo de 2016 su primer gobierno democrático, el liderado por la Nobel de la paz Aung San Suu Kyi, aunque los generales mantienen el control sobre las cuestiones de seguridad, como los ministerios de Interior, Defensa y Fronteras, y el veto en el Parlamento.
La histórica victoria comenzó a cambiar el rumbo político del empobrecido país del Sudeste Asiático, pero no llevó a Suu Kyi al poder como se esperaba, ya que una norma dictada por la dictadura saliente estableció que el país no podía ser gobernado por un presidente con doble ciudadanía o con familiares con doble ciudadanía.
La premio Nobel de la Paz, que pasó 15 años bajo arresto domiciliario de manera intermitente desde finales de los años 80′, tiene dos hijos con doble ciudadanía birmana y británica.
Pese a ello, se entiende que Suu Kyi es el poder real detrás del actual gobierno democrático.