La Justicia le prohíbe a empresas prestadoras de gas cortar servicio por falta de pago

La Justicia Federal de Dolores ordenó a las prestatarias de gas de todo
el país que se abstengan de realizar cualquier corte o suspensión del
servicio por falta de pago, al dictar una medida cautelar a partir de una
presentación realizada por la Asociación Consumidores Argentinos.
Una fuente judicial explicó que la medida la adoptó el juez Federal de
Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien dispuso que “todas las prestatarias del
servicio de gas del país se abstengan de llevar adelante cualquier corte o
suspensión del servicio de gas a partir del día de la fecha derivado de la
falta de pago”.
En el fallo, el magistrado sostuvo que la cautelar interina se dictó
“debido a que se trata de sectores socialmente vulnerables o se encuentra
comprometida la vida digna” presupuestos que a su criterio quedaron
acreditados en la presentación.
Además, resolvió que se revisará la medida cautelar una vez que los
diferentes organismos del estado contesten los informes que se les solicitó
en la causa.
En la presentación judicial, realizada por los apoderados de Consumidores
Argentinos, José Elvis Toto y Gustavo Luis Aballar Stiep, se había
solicitado “la inconstitucionalidad y la nulidad de los aumentos de gas por
falta de audiencia pública en el valor del Precio de Ingreso al Sistema de
Transporte (PIST) del gas”.
Sin embargo, el magistrado rechazó ese planteó hasta tanto “se dé traslado
a las partes intervinientes” para que hagan el descargo correspondiente y
ordenó también comunicar la causa al Registro Público de Procesos
Colectivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tras el fallo, el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires,
Guido Lorenzino aseguró que esa decisión “va en línea con lo que le
reclamamos a todas las firmas que prestan el servicio en la Provincia”.
“Se trata de una decisión que tiene en cuenta la situación de
vulnerabilidad de las familias, sobre todas las que menos tienen, jaqueadas
por estas subas irrazonables”, expresó Lorenzino.
Agregó que el reclamo “tiene que ver con defender a la gente para que pueda
desarrollarse dignamente, que se les garanticen los servicios públicos
elementales y que las razones estrictamente económicas no condicionen su
calidad de vida”.
La Corte Suprema debe pronunciarse sobre una presentación del Gobierno
nacional que apunta a bloquear las cautelares por aumentos tarifarios,
realizada por el ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman, con el
patrocinio del procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías.
El planteo gubernamental fue contra una cautelar presentada por la ONG
Cepis, aceptada
en primera instancia por un juzgado contencioso administrativo, y elevada
luego por la Cámara Federal de La Plata a la consideración del máximo
tribunal de la Nación.
La Defensoría del Pueblo bonaerense, el Cepis y el municipio de Leandro N.
Alem pidieron a la Corte Suprema que rechace la pretensión gubernamental de
cerrar el camino a nuevos fallos judiciales que admitan cautelares por
incrementos tarifarios.