LA JUSTICIA CORDOBESA ORDENÓ A UN BANCO A REINTEGRAR A UNA DOCENTE EL 88% DE SU SALARIO RETENIDO

Un tribunal cordobés de competencia múltiple, que abarca todos los fueros, dispuso que el Banco de la Provincia de Córdoba (Bancor) deberá reintegrar a una docente el 88% de su salario que, al pagarle el sueldo correspondiente a abril le retuvo de su caja de ahorro por deudas impagas de tarjetas de crédito de la entidad.
La Cámara de la localidad cordobesa de Cruz del Eje emitió un fallo que se conoció hoy en el que dispuso también un criterio jurídico hacia adelante, al determinar que si le efectuaran descuentos, estos “no podrían superar el 20% (del salario); es decir, el porcentaje que posibilita la legislación vigente”.
En este fallo, la Cámara de Cruz del Eje actuó como tribunal de primera instancia y lo hizo ejerciendo el concepto de competencia múltiple, porque abarca todos los fueros, en virtud de que la provincia se ha organizado de modo de cubrir de modo más eficaz la administración de justicia en todo su territorio.
En la sentencia, el camarista Ricardo Francisco Seco sostuvo que la medida cautelar dictada resultaba procedente, atento a que “la verosimilitud del derecho” invocado por la mujer resultaba clara.
Añadió que “no se ha cuestionado que la amparista sea docente provincial, que percibe sus haberes en el banco provincial mediante la cuenta sueldo citada, ni tampoco que tiene a su cargo a su concubino y 6 hijos, la mayoría de ellos menores de edad y otro que, aunque es mayor, es discapacitado”.
En ese sentido, Seco invocó el convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referido a la protección del salario de los trabajadores, sean públicos o privados, ratificado por la República Argentina, y que tiene rango superior a las leyes de acuerdo con el artículo 75, inciso 22, de la Constitución nacional.
“El art. 10, inc. 2.º (de dicho convenio), establece que el salario deberá estar protegido contra su embargo o cesión en la proporción que se considere necesaria para garantizar el mantenimiento del trabajador y su familia. En ello va la responsabilidad internacional de la Argentina”, enfatizó Seco.
El camarista también remarcó que el hecho de que la mujer haya suscripto un contrato por el que consintió que de su cuenta sueldo se debitaran sumas adecuadas por productos financieros otorgados por la entidad, “no excluye que se encuentre afectada la disposición de la norma supralegal (OIT), que impide que se ceda una proporción del salario que ponga en peligro el mantenimiento del trabajador y su familia”.
El vocal Seco también expresó que, al dictar la medida cautelar, se habían valorado las limitaciones materiales que fueron afectadas por la deducción concretada por el banco, dadas “la necesidad de alquilar vivienda que tiene la familia de la amparista y, finalmente, la afectación que se ha hecho de la Convención de los Derechos del Niño, norma de raigambre constitucional por integrar el bloque de constitucionalidad federal luego de la reforma de 1994”.