LA CORTE SUPREMA DECLARÓ CONSTITUCIONAL EL IMPUESTO A LOS CRÉDITOS Y DÉBITOS

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La Corte Suprema de Justicia declaró la constitucionalidad del impuesto a los Créditos y Débitos en cuentas bancarias, conocido como “impuesto al cheque”, al fallar en una causa contra una empresa, informó hoy el Centro de Información Judicial (CIJ).
En la causa CAF 4455/2014/CA1-CS1 “Piantoni Hnos”, la Corte resolvió, por mayoría, que las disposiciones de la ley 25.413, el decreto 380/01 y la resolución general (AFIP) 1135/2001, relacionadas con el impuesto a los Créditos y Débitos en cuentas bancarias y otras operaciones, resultan constitucionalmente válidas.
Piantoni, distribuidora mayorista de cigarrillos y productos de tabaco, cuestionó la constitucionalidad de esas normas para su caso porque depositaba, en forma regular, dinero en efectivo en la cuenta bancaria de su proveedora.
La Corte confirmó la sentencia dictada por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que había dispuesto mantener la resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por medio de la cual se determinó de oficio la obligación tributaria de Piantoni Hermanos en relación con el mencionado impuesto.
Los jueces Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda concluyeron que al aplicar el impuesto “se cumplía plenamente con la manda constitucional”.
Concluyeron que la modalidad de pagos que utilizaba la empresa actora se encontraba incluida dentro de los supuestos descriptos por la ley, y por tanto está alcanzada por el impuesto.
Sostuvieron, a su vez, que la decisión adoptada no significaba obligar a Piantoni Hnos. a depositar el dinero que recibía de sus clientes en sus propias cuentas bancarias, sino que sólo establecía que si el movimiento de fondos no se realizaba a través de ellas, traía como consecuencia que la alícuota del impuesto resultara mayor, según lo previsto en la ley 25.413.
El juez Carlos Rosenkrantz, en su voto concurrente, agregó que el hecho imponible fue ampliado por la vía de la ley 25.453, (de equilibrio fiscal), y que la amplitud con la que es definido un hecho imponible por la ley no es, per se, una razón para “fulminarlo” bajo la acusación de que viola el esquema de distribución de competencias fijado en la Constitución.
En tanto el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, votó en disidencia y propició dejar sin efecto la sentencia objeto de recurso extraordinario.
Lorenzetti consideró inconstitucional la norma que se cuestionaba porque no respetaba el principio de legalidad, ya que en su opinión era por demás genérica e indeterminada, y no contenía todos los elementos necesarios para producir el nacimiento de una obligación tributaria.
También consideró Lorenzetti inconstitucional la resolución general 1135/01 de la AFIP, ya que al establecer que los movimientos de fondos sujetos al pago del tributo son aquellos que se efectúen a través de sistemas de pago organizados que reemplacen el uso de las cuentas bancarias en las actividades económicas, incorporó nuevos elementos que no estaban contemplados en la ley de creación del impuesto (25.413) y, por lo tanto, afectan el principio de reserva de ley en materia tributaria.