FONDO DEL CONURBANO: LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES HA PERDIDO CERCA DE $ 200.000 MILLONES DESDE 1996

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Una mirada retrospectiva hacia el origen del actual debate sobre coparticipación federal de impuestos saca a la luz el motivo de un viejo reclamo de la provincia de Buenos Aires, porque ante la falta de discusión sobre una eventual reformulación del Fondo del Conurbano, la administración bonaerense perdió cerca de $ 200.000 millones de pesos desde 1996.
Los reclamos de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal acerca del restablecimiento del Fondo del Conurbano (creado en 1992 por el gobernador Eduardo Alberto Duhalde en acuerdo con el presidente Carlos Saúl Menem), para atender los reclamos de los 24 municipios y 229 localidades que lo integran, retrotraen a una vieja disputa entre los propios gobernadores federales a poco de declarada la Independencia Nacional.
La reforma a la Coparticipación Federal (CF) encarada a fines de 1985, que entró a regir provisoriamente el 13 de marzo de 1986 y en forma definitiva desde 1988, desfinanció a la provincia de Buenos Aires en beneficio de otras del interior y como lo advirtiera en su momento el gobernador radical Alejandro Armendáriz, a no mucho andar el mayor estado argentino iba a devenir en algo muy difícil de administrar y con crisis incontrolables.
Dicha reforma encarada por el presidente Raúl Ricardo Alfonsín tiene una característica de fondo a la puesta en marcha de los subsidios, luego transformados en CF, a partir del gobierno de Bartolomé Mitre cuando en 1862 para calmar a los caudillos provinciales implementó ese mecanismo, aunque en forma sucesiva y sin establecer un porcentaje estable definido y cuya primer beneficiaria fue la provincia de San Luis gobernada por Juan Saá.
Los subsidios eran complementados por los Auxilios, ahora Aportes del Tesoro Nacional (ATN), a los que se sumaban colateralmente, pero de gran importancia, los numerosos organismos públicos creados por el gobierno argentino en los territorios provinciales que, en 1876, siendo presidente Nicolás Aurelio Remigio Avellaneda, concentraban 10.900 empleados públicos del total de los 12.800 del Estado nacional.
La CF, tal como se la conoce fue creada en 1935, durante la presidencia de Agustín Pedro Justo, cuando se establecieron las diferentes proporciones para cada provincia de las entonces existentes, pero con el correr de los años se fueron sumando los territorios nacionales patagónicos y del noroeste y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) hasta llegar a los actuales estados federales.
Si bien hasta la sanción de la Constitución Nacional de 1853, luego objeto de varias reformas, la estructura gubernamental del país pasaba formalmente por el debate entre unitarios y federales, también se planteaba otro en el seno del federalismo como lo dejó en claro Manuel Críspulo Bernabé Dorrego al tratarse el proyecto constitucional que en 1826 dió lugar a una efímera constitución unitaria.
Allí Dorrego, que había vivido en Baltimore y estudiado el federalismo estadounidense sostuvo que sólo debía existir un número pequeño de provincias unificando Mendoza, San Juan y San Luis en Cuyo; Corrientes, Entre Ríos y Misiones en Mesopotamia y así otras, de manera que cada una de ellas fuese autosuficiente y entre todas poder financiar al estado nacional y no al revés, provincias pobres dependientes del tesoro nacional.
No solamente no tuvo eco ese criterio, luego reivindicado por Juan Manuel de Rosas en su “Carta de la Estancia de Figueroa” dirigida al riojano Facundo Quiroga, sino que con el correr del tiempo las estructuras políticas se fueron agigantando y así durante las últimas gestiones bonaerenses, por ejemplo, se pasó de 123 a 135 municipios, y entre los 12 nuevos la mayoría (9) están situados en el Conurbano.
De resultas de la ley de CF de 1988 la provincia de Buenos Aires, con el 12% del territorio nacional, el 40% de la población y el 43% del Producto Interno Bruto sólo accede al 19,95% del monto total distribuido mientras a Santa Fe le corresponde el 9,28%, a Córdoba el 9,22% y, siguiendo el orden decreciente, al Chaco el 5,18%, con una cifra que supera varias veces la propia recaudación local, mientras Entre Ríos está con el 5,07%.
La idea de dar a las provincias más pobres aportes más significativos, tuvo su primera iniciativa en 1922 de la mano de Rafael Miguel Herrera Vegas, el primer ministro de Hacienda del presidente Máximo Marcelo Torcuato de Alvear a través de un fracasado proyecto de ley diseñado por su asesor Alejandro Ernesto Bunge y cuyo destrato en el Congreso de la Nación motivó su renuncia.
De acuerdo con la ley actual le corresponde, además, a Tucumán el 4,94%: a Mendoza el 4,33%; a Santiago del Estero el 4,29%; a Salta el 3,98%; a Corrientes el 3,86%; a Formosa el 3,78%; a San Juan el 3,51%; a Misiones el 3,43%; a Jujuy el 2,95%; a Catamarca el 2,86%; a Río Negro el 2,62%; a San Luis el 2,37%; a La Rioja el 2,15%; a La Pampa el 1,95%; a Neuquén el 1,54%; a Chubut el 1,38%; a la CABA el 1,4%; a Santa Cruz el 1,38%; y a Tierra del Fuego el 0,3%.
Además el 1% queda destinado para el otorgamiento de eventuales ATN y otro 2% de compensaciones adicionales que se distribuye en 1,5701 para Buenos Aires y un 0,1433 para cada una de las provincias de Chubut, Neuquén y Santa Cruz lo que hace que a Buenos Aires, agregado al 19,95% original se le asigne un aporte total del 21,5201 del total recaudado a nivel nacional, cifra que no ha satisfecho las necesidades de la provincia.
La situación se agravó cuando el gobierno nacional decidió destinar el 15% de la CF a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), lo que sólo fue cuestionado por Córdoba, San Luis y Santa Fe, las que lograron que se les reintegrasen los fondos retraídos para lo cual apelaron a la justicia, mientras que con la falta de discusión bonaerense de los Fondos del Conurbano la provincia perdió cerca de $ 200.000 millones desde 1996.
Una cifra que surge de los más de $ 50.000 millones que le fueran retraídos a partir de la asignación de fondos a la Anses, consentida por los ex gobernadores Felipe Carlos Solá y Daniel Osvaldo Scioli, a lo que se sumaron $ 132.000 millones por la merma en la CF durante los primeros 20 años de la aplicación de la reforma, a lo que corresponde adicionar lo del último año y fracción, mientras desde 1996, en su segundo mandato como gobernador, Eduardo Duhalde dejó de pedir la actualización de los Fondos del Conurbano.