EL PP DE RAJOY SERÁ JUZGADO POR DESTRUIR LAS COMPUTADORAS DE SU EX TESORERO

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El gubernamental Partido Popular (PP) del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, será la primera fuerza política de la historia de España en ser juzgada por un delito penal por la destrucción de las computadoras portátiles del ex tesorero Luis Bárcenas, que presuntamente contenían pruebas de corrupción.
Un juzgado de Madrid decretó hoy la apertura de juicio oral contra el conservador PP por un delito de daños informáticos.
Además, la magistrada imputa un delito de encubrimiento a la actual tesorera del partido, Carmen Navarro, al representante legal del PP, Alberto Durán, y al director del sistema de información del partido, José Manuel Alarcón.
De esta forma, el PP se convierte en el primer partido de la historia de la democracia española en sentarse en un banquillo de los acusados en una causa penal.
La responsabilidad penal de los partidos políticos y sindicatos fue introducida el año 2012 en el Código Penal por el entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, del propio PP.
A partir de entonces, se suprimió el privilegio que tenían esas entidades respecto al resto de personas jurídicas, y así los partidos y sindicatos pasaron a ser responsables penales directos, al margen de lo que realicen sus directivos.
Según la jueza del caso, Rosa María Freire, existen “sólidos indicios de que el PP borró 35 veces, hasta la destrucción definitiva, los discos duros” de las computadoras portátiles del ex tesorero Luis Bárcenas, para ocultar pruebas en el caso de la Caja B de los conservadores que investiga la Audiencia Nacional.
El borrado de los discos duros se produjo en abril de 2013, cuando Bárcenas ya había sido imputado en la trama de corrupción del caso Gürtel, así como por la famosa Caja B del PP descubierta a partir de los “papeles” de ex tesorero que registraban una contabilidad paralela con donaciones de empresarios que presuntamente sirvieron, entre otras cosas, para financiar campañas.
Las acusaciones piden hasta dos años de cárcel para la tesorera Carmen Navarro, y multas para el PP así como que sea suspendido de actividad durante 6 meses, y tenga prohibido obtener donaciones privadas durante 5 años.
Tras la decisión judicial, la oposición reclamó al presidente del gobierno español “responsabilidades políticas” ante un hecho calificado de “bochornoso” y “lamentable” para el país.
“Todo parece indicar que existió un caso claro de corrupción. El señor Rajoy tiene la obligación de dar explicaciones”, dijo la vocera parlamentaria del Partido Socialista (PSOE), Margarita Robles, en los pasillos del Congreso de los Diputados.
“El encubrimiento y la destrucción de pruebas” no denota la “colaboración con la Justicia en la lucha contra la corrupción” de las que siempre presumió el partido de gobierno, añadió.
Por su parte, la coalición de izquierda Unidos Podemos destacó que la decisión judicial viene a evidenciar “la voluntad obstaculizada” del PP en la investigación de asuntos de corrupción que lo aplican.
“Hace falta llegar hasta aquí, a un auto de apertura de juicio oral por haber destruido pruebas, y que ningún cargo de la dirección haya pedido aún disculpas ni haya asumido las responsabilidades políticas” por ello, denunció la diputada Gloria Elizo.