EL GOBIERNO ESPAÑOL ADVIERTE QUE EL ANUNCIO DE ELECCIONES NO BASTA PARA EVITAR INTERVENCIÓN DE CATALUÑA

El gobierno español advirtió hoy al presidente catalán, Carles Puigdemont, que debe ir más allá de convocar a elecciones regionales para evitar que el Senado apruebe este viernes las medidas excepcionales de intervención en Cataluña, que conllevarán a su destitución.

El mensaje, transmitido por varios ministros del Ejecutivo español, supone un endurecimiento de la posición respecto del margen de maniobra que tiene el líder secesionista para frenar la aplicación de las medidas aprobadas el sábado al amparo del artículo 155 de la Constitución española, que tienen como objetivo abortar el proceso de secesión en la norteña región.

Hasta ahora, el gobierno de Mariano Rajoy insistió en que si Puigdemont convocaba a elecciones autonómicas se podrían paralizar las medidas que tiene previsto aprobar el Senado este viernes, aunque el gobierno independentista catalán sigue descartando la opción de las urnas.

Sin embargo, el ministro de Justicia español, Rafael Catalá, dijo hoy que “simplemente un proceso electoral no invalida todas las irregularidades cometidas”.

“Además de disolver el parlamento de Cataluña y comicios en el horizonte, el presidente catalán debe aclarar si ha declarado o no la independencia, cumplir leyes, respetar sentencias de los tribunales”, subrayó el ministro en declaraciones a RNE (Radio Nacional de España).

Catalá, no obstante, valoró de forma positiva que Puigdemont quiera acudir al Senado a debatir, pero insistió en que sólo con proponer comicios no frenará la aplicación del artículo 155.

En la misma línea se expresó el ministro de Fomento español, Íñigo de la Serna, quien dijo en declaraciones a la televisión pública TVE que una eventual convocatoria electoral por parte de Puigdemont no bastaría para “volver al orden constitucional”.

Sin embargo, De la Serna subrayó que corresponde a la cámara alta modificar las condiciones en las que se aplicaría el artículo 155 de la Constitución.

Ese precepto constitucional, nunca antes aplicado en casi 40 años de democracia, permite al gobierno central de España intervenir en una comunidad autónoma ante el incumplimiento de sus obligaciones constitucionales y la puesta en riego del interés general, algo que Rajoy considera justificado por la existencia de un proceso de secesión con “desobediencia” a la ley.

El Ejecutivo español aprobó el sábado un paquete de medidas que incluyen la destitución del presidente catalán y todo su gobierno, la limitación de las funciones del parlamento regional y la asunción por parte del presidente del gobierno español de la facultad de convocar elecciones, algo que Rajoy se comprometió a hacer en un plazo de seis meses.

El Senado, con mayoría absoluta del Partido Popular (PP), tiene previsto aprobar las medidas el viernes.

No obstante, el opositor Partido Socialista (PSOE), que respalda a Rajoy en sus medidas, defiende que el procedimiento se debe llevar a cabo con “flexibilidad”.

“Nosotros apoyamos el artículo 155 porque se produjo una quiebra del marco constitucional, pero si ese quiebre no se produjera, si se diera la voz a todos los ciudadanos de Cataluña, entendemos que no tiene sentido aplicarlo”, sostuvo hoy Margarita Robles, la vocera del PSOE en el Congreso de los Diputados.

El tiempo se está agotando sin que se haya despejado ni siquiera la incógnita de si Puigdemont irá al Senado para defender su posición en la fecha propuesta por la cámara alta, que lo emplazó a acudir el jueves o viernes.

El presidente catalán quiere acudir al Senado pero su partido PDECat se quejó de que le en un primer momento le ofrecieran hacerlo el miércoles, pero luego “de golpe y porrazo lo cambiaron” al jueves o viernes, según el senador independentista Josep Lluís Cleries.

Precisamente, el parlamento catalán fijó para el jueves la sección plenaria que pidió Puigdemont para debatir la respuesta al anuncio de las medidas de intervención, que calificó de constituir el “peor ataque al autogobierno desde la dictadura” franquista.

El movimiento independentista y el partido CUP, los aliados vitales del gobierno catalán en la secesión, reclaman a Puigdemont que proclame la independencia en medio de llamados a la resistencia pacífica.