EL GOBIERNO CATALÁN MANTIENE LA INCERTIDUMBRE SOBRE EL MODO EN QUE PIENSA GARANTIZAR EL REFERÉNDUM

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El gobierno catalán mostró hoy una urna y presentó el dispositivo con el que planea llevar a cabo el referéndum unilateral de secesión de este domingo, sin aclarar cómo garantizará que los catalanes voten cuando la policía cumpla con la orden judicial de precintar colegios electorales para evitar la consulta prohibida por el Tribunal Constitucional.
No obstante, en algunas escuelas de Barcelona y otros puntos de Cataluña, padres, profesores y alumnos ya iniciaron actividades, y algunos planean acampar con el objetivo de mantener los centros abiertos para que “todo el mundo vote”.
A menos de 48 horas de la convocatoria, la incertidumbre sigue aumentando a pesar de que el gobierno catalán de Carles Puigdemont intenta transmitir normalidad y la idea de que los catalanes podrán votar, frente al Ejecutivo central español de Mariano Rajoy que dice lo contrario, que el referéndum del 1 de octubre no se celebrará.
Como muestra de la firme determinación del gobierno de Cataluña de consumar su desafío secesionista, el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, el responsable de Asuntos Exteriores catalán, Raül Romeva, y el vocero del gobierno regional, Jordi Turull, posaron este mediodía para las cámaras, sorpresivamente, junto a una urna de plástico opaco fabricada específicamente para esta histórica votación.
En medio de este clima de confrontación y tensión política, el gobierno español ya dejó claro que tras el 1 de octubre, ni Puigdemont ni Junqueras puedan considerarse interlocutores válidos para negociar con Rajoy.
“El señor Puigdemont ha incurrido en una gran deslealtad con el Estado y la sociedad catalana”, dijo Íñigo Méndez de Vigo, vocero del Ejecutivo, tras la reunión del Consejo de Ministros español.
Méndez de Vigo reiteró que los “promotores del referéndum” tendrán que afrontar ante los tribunales las consecuencias de haber impulsado una consulta ilegal que “no se celebrará”.
Previamente, en conferencia de prensa en Barcelona, el gobierno catalán anunció que 5,3 millones de catalanes están habilitados para votar el domingo, en 2.315 centros electorales repartidos en distintos puntos de Cataluña, en los que está previsto que se constituyan 6.249 mesas.
“Si alguien quiere cerrar los centros de votación, los ciudadanos podrán votar; si alguien asalta colegios electorales, o se produce un gesto tan antidemocrático como impedir que los ciudadanos voten, podrán votar. Estamos convencidos de que los resultados tendrán validez”, subrayó Junqueras.
La gran incógnita era saber si la policía catalana cumpliría la orden judicial de precintar las escuelas y centros cívicos que fueron designados como puntos de votación por el gobierno catalán, después de que el responsable de Interior anunció que no lo harían si comportaba “riego de desórdenes públicos”.
Sin embargo, el jefe de la policía catalana, Josep Lluis Trapero, dio ordenes a sus agentes de cerrar y desalojar los centros de votación “sin violencia” a partir de las seis de la mañana del domingo.
“Los policías no podrán usar en ningún caso las porras ante la “desobediencia pasiva”, según la directiva interna, que publicó hoy la prensa española.
Por su parte, Puigdemont dijo que le gustaría que el resto de fuerzas de seguridad -Policía nacional y Guardia Civil- “actuaran con el mismo criterio que actúan los Mossos (policía catalana), no por criterios políticos, no por órdenes políticas, sino por criterios policiales y profesionales”, según declaraciones realizadas a la agencia Reuters.
Una plataforma del sector educativo lanzó una campaña llamada “Escuelas Abiertas” que ya cuenta con 60.000 inscriptos, que llamó a profesores, padres, ex alumnos y vecinos a desarrollar actividades recreativas y lúcidas para mantener abiertos los centros educativos y permitir así que “todo el mundo vote”.
Poco antes de que algunas escuelas comenzaran las actividades de resistencia y las organizaciones independentistas animaran a los catalanes a participar, el vicepresidente catalán manifestó su convicción de que “estarán todas las mesas y los ciudadanos podrán votar”.
“Tenga confianza en la buena gestión que haremos todos y en el compromiso de los ciudadanos”, insistió Junqueras, quien ante la insistencia de la prensa afirmó que aunque se retiren las urnas, “hay alternativas”.
“Hay muchas formas de votar y conseguir que los catalanes voten”, añadió, enigmático, el líder de la independentista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
Por otro lado, Junqueras enfatizó que “los resultados tendrán toda la validez y legitimidad”, dando por hecho que la votación se desarrollará con garantías.
En ese sentido, el vocero gubernamental Jordi Turull, afirmó que cuentan con un “mecanismo” que certificará el resultado, aunque sólo explicó, sin dar nombres, que “personas que responden con su credibilidad académica y profesional acreditarán el resultado del referéndum”.
Entre los datos facilitados respecto al censo, al que el gobierno supuestamente no tiene acceso, sostuvo que “hay 5.343.358 catalanes que tienen derecho a voto”.
Turull cifró en 7.235 los voluntarios que se comprometieron a participar en el operativo del gobierno, pese a que podrían incurrir en un delito de colaboración con desobediencia, a raíz de que se trata de un acto prohibido por el Tribunal Constitucional.
La Agencia Española de Protección de Datos, advirtió hoy que, de participar en la conformación de la mesas electorales del referéndum, los ciudadanos podrían infringir la normativa sobre protección de datos, exponiéndose a multas que oscilan entre los 40.000 y los 300.000 euros.
“Ni el gobierno de Cataluña, ni los ciudadanos de Cataluña están haciendo nada malo. Poner el futuro de una sociedad en manos de sus ciudadanos no es nada malo”, remarcó Junqueras, poniendo como ejemplo de “honestidad” a los altos cargos de su gobierno detenidos la semana pasada en el operativo contra el referéndum.