EL ESTADO ESPAÑOL REDOBLA SU INTRANSIGENCIA ANTE LA POSIBLE SECESIÓN DE CATALUÑA

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La Justicia española anuló hoy partidas presupuestarias de Cataluña destinadas a financiar el referéndum soberanista de octubre, mientras que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, calificó de “delirio” los planes de secesión inmediata si gana el “Sí” en la consulta, en lo que constituye un doble embate judicial y político sobre los independentistas.
En un discurso ante empresarios en Madrid, Rajoy pidió a los españoles y catalanes “sensatos y moderados” confianza en el futuro frente a los “delirios autoritarios y frentistas de los que desafían al Estado democrático”, en clara alusión a los partidos independentistas catalanes que promueven la consulta del 1 de octubre.
“A todos les digo que mantengan la confianza en el futuro porque los delirios autoritarios y frentistas nunca podrán vencer a la serenidad y el equilibrio del Estado democrático”, afirmó al inaugurar unas jornadas sobre inversión en la Cámara de Comercio.
El gobierno independentista catalán, apoyado por la coalición Junts pel Sí (Juntos por el Sí) y la formación anticapitalista Candidatura d’Unitat Popular (CUP), dio el martes un paso más en su escalada independentista y anunció la futura ley catalana de Referéndum de Autodeterminación.
Esta norma prevé la posibilidad de declarar la independencia de Cataluña -una de las regiones más ricas de España con 7,5 millones de habitantes- antes de 48 horas si ganara el “sí” en un eventual referéndum, que la justicia española considera inconstitucional y el gobierno de Madrid insiste en impedir.
En este sentido, la vicepresidenta del Ejecutivo español, Soraya Sáenz de Santamaría ya ha advertido de que “al Estado le bastan 24 horas para recurrirla (la ley del Referéndum) y obtener su paralización”.
El referéndum independentista “no se va a celebrar, ni a las 48 horas va a pasar absolutamente nada”, apuntó en declaraciones a la agencia de noticias española EFE.
Sin embargo, el vicepresidente del gobierno catalán, Oriol Junqueras, afirmó que la legislación española “no es válida” porque no respeta los tratados internacionales ratificados por el Estado, a los que apelan para reivindicar su “derecho de autodeterminación”.
De momento, el gobierno catalán planea debatir esa norma en agosto y votarla en septiembre en el Parlamento regional, donde cuenta con mayoría.
El gobierno de esa región sigue la táctica de apurar al máximo los plazos legales para entorpecer la reacción del Ejecutivo español, que de manera sistemática recurre todas las decisiones ante los tribunales, que hasta ahora se han pronunciado a su favor.
La última decisión la tomó hoy mismo el Tribunal Constitucional (TC), que por unanimidad declaró inconstitucionales las partidas de los presupuestos catalanes destinadas al referéndum soberanista convocado para el 1 de octubre, después de que fueran recurridas por el gobierno español.
El Ejecutivo central recurrió también la pasada consulta soberanista que se celebró en noviembre de 2014 ante el TC, que ordenó suspenderla.
Como a pesar de ello tuvo lugar una consulta informal, fueron condenados a inhabilitación tanto el anterior presidente catalán, Artur Mas, como dos miembros de su ejecutivo por desobedecer al TC.
Respecto al planeado referéndum independentista, los tres últimos ex presidentes del gobierno español, Felipe González, José María Aznar y Jose Luis Rodríguez Zapatero, apoyaron hoy la legalidad constitucional y rechazaron la propuesta de consulta.
El aumento del independentismo catalán y la convocatoria de un hipotético referéndum secesionista es el principal desafío al que se enfrenta la política española en la actualidad.
El gubernamental y derechista Partido Popular, que se encuentra en minoría con el Congreso español, cuenta en este asunto con el apoyo de los socialistas (PSOE), principal partido de la oposición, así como de los liberales de Ciudadanos.
Por su parte, la formación de izquierda Podemos, tercer grupo del Congreso, es contrario a la independencia catalana pero defiende una consulta pactada para conocer la opinión del pueblo catalán.
El pulso independentista catalán ha ido escalando desde que en 2010 el TC decidió anular algunos puntos del nuevo Estatuto de Autonomía catalán, una suerte de Constitución regional.
El reclamo de una independencia del resto de España fue ganando peso político y se centró sobre todo en el intento de celebrar un referéndum soberanista, una de las promesas electorales para esta legislatura del presidente del gobierno catalán.