El cambio de gobierno trajo varias novedades en materia de política económica, y la gestión de la política comercial externa es una de las principales áreas donde se observan modificaciones. En este sentido, pasamos de un esquema de apertura casi irrestricta a otro en donde se intentará proteger a ciertas industrias consideradas sensibles, sea por el empleo que generan o por la cantidad de divisas que demandan.

Concretamente, se agregaron alrededor de 300 posiciones arancelarias (PA) al esquema de Licencias No Automáticas (LNA) para importaciones de bienes, llegando de esta manera a 1.500 partidas (es decir, un incremento cercano al 25% respecto de las 1.200 posiciones observadas anteriormente). Este cambio es mucho mayor cuando analizamos en términos de dólares: mientras que el set anterior comprendía posiciones por las que se importó poco menos de USD 8.000 millones en los primeros onces meses de 2019, el nuevo esquema abarca a más de USD 14.000 millones, representando una suba del 80%. En otros términos, las licencias automáticas (LA) pasaron de comprender a cuatro de cada cinco dólares importados a menos de dos de cada tres.

Por lo tanto, podemos afirmar que estamos ante un esquema a priori más cerrado, donde las posiciones bajo análisis involucran a un mayor flujo de comercio. Si bien esto es cierto, hay que remarcar que los números pueden exagerar por dos razones. En primer lugar, porque la comparación es entre las posiciones protegidas del esquema anterior y posiciones que entraban automáticamente. En consecuencia, las importaciones de las PA bajo LNA eran bajas por razones de política comercial. En otro orden, la comparación puede ser exagerada porque las LNA no son una prohibición al ingreso de bienes -si fuera así, los ingresos desde partidas incluidas en el esquema anterior debería ser cero-, sino la demanda de ciertos requisitos burocráticos y la demora del proceso de entrada. Por ende, si bien estamos frente a una lógica más restrictiva, el aumento es menor de lo que los números indican.

En otro orden, es importante destacar que estas herramientas de política comercial son toleradas por la Organización Mundial del Comercio (OMC), bastante reacia al uso de políticas proteccionistas. En este punto, estamos frente a una diferencia importante con lo que pasaba con las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI), entre otras herramientas. En este contexto de importantes pagos de deuda en divisas y mercados de crédito cerrados, sostener una buena relación con los organismos internacionales -y no recibir denuncias en ellos- es fundamental.

Por otra parte, vale recordar que se recortó el plazo de validez de las autorizaciones de 180 días corridos a 90 días. Esta decisión desalienta la importación de bienes de capital, sobre todo desde destinos lejanos -principalmente China-, ya que el menor plazo que media entre que se puede efectivizar la compra y que el bien llega al país torna prácticamente imposible poder adquirir este tipo de productos, usualmente hechos a medida y con plazos de entrega mayores a los estipulados por las nuevas normativas.

Analizando a nivel rama de actividad, resalta la inclusión de partidas vinculadas a la industria automotriz, de publicaciones, de juguetes y de productos químicos para consumo, cuando antes casi todas sus PA se encontraban bajo el régimen de LA. A excepción del primer caso, se observa que desde el Ministerio de Desarrollo Productivo se está priorizando proteger las industrias de mayor cociente entre empleo y producción. Por su parte, en el caso de la industria automotriz podemos ver un doble rol: por un lado, la importación de autos terminados implica una salida importante de divisas, por el otro, el sector está en crisis, con suspensiones sistemáticas en las diversas terminales.

Párrafo aparte merece el caso de alimentos y bebidas. En esta área, donde se protegió a un quinto de las compras externas frente a una importación automática en el régimen pasado, podemos vincularla a la política de Precios Cuidados. Es probable que se estén pautando importaciones frente a estabilidad de precios, de ahí los frenos burocráticos a las compras externas de un sector que gasta pocas divisas -es significativamente superavitario en el agregado-, no posee un ratio empleo-producto elevado y su nivel de productividad está muy cerca de la frontera internacional.

En otro orden, calzado, indumentaria, maquinaria agrícola y marroquinería, las ramas de actividad beneficiadas por la política anterior también seguirán con elevados niveles de protección en el esquema actual. Para finalizar, huelga remarcar que los productos electrónicos, de un elevado consumo de divisas, no quedaron dentro de las posiciones con LNA a grandes rasgos. En consecuencia, podemos afirmar que, al menos por ahora, la política de aliento al régimen promocional de Tierra del Fuego que se registró entre 2009 y 2015 no se repetiría en la gestión actual: solo el 10% de las importaciones de productos electrónicos poseen trabas para ingresar al país.

En resumen, los principales esfuerzos de este esquema proteccionista renovado no parecieran dirigidos al ahorro de divisas ni a desarrollar proveedores locales en los sectores intermedios de la cadena de productiva -lo que incrementaría el costo de producción doméstica, generando un salto del nivel de precios y reduciendo la competitividad de la industria argentina-, sino a bienes finales que poseen un elevado coeficiente empleo-producción en su proceso de fabricación y donde permanecemos lejos de la frontera productiva internacional.

Al menos, en su diseño inicial, la nueva política comercial se sitúa en un punto intermedio entre las estrategias pendulares de cerrazón absoluta y apertura total de los esquemas recientes. Sin embargo, en este marco de pérdida de competitividad por un dólar que se atrasa y una presión impositiva que aumenta, las exportaciones mostrarán un dinamismo acotado. Por lo tanto, la posibilidad de ahorrar divisas a través de un freno a las importaciones para honrar los pagos de deuda si los mercados de crédito siguen cerrados estará latente, y volver a un sistema de restricciones generalizado tendría un importante costo en materia de actividad y productividad.

(Fuente: Ecolatina)