Deudas de provincias: ¿conviene una postura unificada y dura?

Marcelo Capello

Según declaraciones recientes, el ministro Guzmán dio muestras de preferir que la
negociación por la reestructuración de las deudas provinciales se realice en
coordinación con el gobierno nacional, y que las propuestas de los gobiernos
provinciales involucrados resulten similares o se hallen en línea con el arreglo
alcanzado por el gobierno nacional meses atrás. No obstante, algunas provincias
decidieron no reestructurar sus deudas o avanzaron individualmente con sus
negociaciones, e inclusive cerraron trato o están en vías de hacerlo, en ocasiones con
quitas a valor presente mucho más bajas que lo ocurrido a nivel nacional.

Esta discusión no es nueva en la literatura de las finanzas públicas, respecto a cuál es
la mejor forma de coordinar el endeudamiento entre un gobierno nacional y los
gobiernos subnacionales. Por un lado, se plantea la necesidad de un control estricto
del endeudamiento de los gobiernos locales, por parte del poder central, dado que, si
alguna provincia no puede cumplir con sus obligaciones, afecta negativamente el
crédito del resto de las jurisdicciones, e inclusive el crédito para el gobierno nacional.

En la otra visión, se plantea que se debe dar libertad a los gobiernos locales para que
decidan sus políticas de endeudamiento, aunque sin garantías ni salvatajes de ningún
tipo desde el gobierno nacional, de modo que si una jurisdicción local no puede cumplir
con sus obligaciones caerá en default, y a futuro será “castigada” por el mercado
financiero, pues le resultará más caro obtener financiamiento, o directamente no lo
conseguirá. Esto es, cada jurisdicción tendrá crédito en función de sus antecedentes en
materia fiscal y financiera, y en función de las expectativas que genere hacia el futuro.

Según este segundo enfoque, sería injusto e ineficiente que todas las provincias
planteen pautas de negociación similares a sus acreedores, pues diferentes han sido
sus evoluciones financieras en el pasado, y sus perspectivas a futuro. En especial, debe
tenerse en cuenta el stock de deuda y la capacidad para afrontarla. En el corto plazo,
la capacidad para afrontarla está dada, en gran medida, por el ahorro corriente que
presenta una jurisdicción, que resulta de la diferencia entre sus ingresos y erogaciones
corrientes (operativas).

Así, una provincia que presenta resultado corriente positivo, con dicho ahorro puede
realizar inversiones y/o pagar sus servicios de deuda. Si su resultado corriente es
negativo, no sólo que no tendrá recursos genuinos para invertir o pagar deudas, sino que deberá endeudarse para pagar gastos corrientes, una situación que se volverá
rápidamente insostenible. Si bien una provincia con resultado corriente negativo podría
cambiar esa situación a futuro, se trata de un proceso complejo, dadas ciertas inercias
e inflexibilidades que existen a nivel fiscal.

(Fuente: IERAL)