DEBATEN TARIFA MÁXIMA PARA TAREAS DE PRACTICAJE

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El Gobierno Nacional inició hoy, mediante una audiencia pública, el proceso para limitar por primera vez en 25 años las tarifas de practicaje, uno de los costos logísticos que paga el productor cada vez que transporta sus productos por los ríos, y con el objetivo de reducir en un 30 % los valores actuales.

La audiencia comenzó a las 9:30 en el Teatro de la Ribera con la presencia del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; del subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Juan Metz; el director nacional de Control de Concesiones de Obra, Arturo Idoyaga Molina, y el asesor de la Dirección de Transporte Fluvial y Marítimo, José Antonio Vieitez Otero, además de otras autoridades nacionales y provinciales.

Dietrich destacó la importancia que tiene para la economía argentina el sector de Vías Navegables, y señaló que “desde el primer día con el presidente (Mauricio) Macri definimos el espacio estratégico que tiene este sector”, al que calificó de “posibilitador indispensable para el desarrollo del país”.

“Durante muchos años no tuvo el foco que debe tener para el sector, en virtud de la ubicación geográfica de nuestro país y de las posibilidades de generar trabajo directo e indirecto”, dijo Dietrich durante el inicio de la audiencia pública para limitar las tarifas de practicaje.

Explicó que se plantearon al inicio de la gestión “cuatro áreas para trabajar: la de infraestructura que incluye las obras en puertos, como por ejemplo el de Comodoro Rivadavia, o la puesta en funcionamiento del puerto de Ushuaia, el de puerto Madryn, el proyecto de construcción del puerto de Ita Ibaté en Corrientes y la ampliación de los muelles de Mar del Plata”.

Mencionó al respecto que con estas obras “hemos aumentado la capacidad portuaria en un 30%”.

El practicaje es el servicio de asesoramiento que brinda un capitán argentino a bordo de un buque acerca de las condiciones geográficas y las normas específicas para la navegación en los ríos, puertos y canales argentinos.

Se trata de un servicio obligatorio en los principales puertos, público y fundamental para la seguridad de la navegación.

Hasta 1991 la retribución de estos servicios se regía por un cuadro tarifario fijado por el Estado, pero entonces fue desregulado y se permitió la libre contratación entre privados, reservándose el Estado la facultad de imponer tarifas máximas, lo que se hizo por última vez hace 25 años, en 1992.

El Ministerio de Transporte entendió que hoy esta tarifa se encuentra desactualizada e inobservada, por lo que existe una marcada discrecionalidad y dispersión según las distintas zonas en las que se cobra; no existe oferta competitiva y el mercado está cerrado a la entrada de nuevos actores, todo lo cual incide directamente en el costo logístico argentino.

A partir de la audiencia pública el Estado propuso una nueva tarifa máxima de practicaje, que baje hasta un 30% la tarifa actual. Paralelamente, para reducir el costo de los servicios conexos (mayormente lanchas) se está trabajando en otras medidas que abran la competencia, como la Ley de Marina Mercante aprobada la semana pasada, las disposiciones de la Prefectura Naval (PNA) y el traslado en helicópteros, entre otras.

“Las tarifas están hoy muy por encima de las tarifas del resto de la región; por ejemplo: en Uruguay se paga un 40% menos por la misma unidad de trabajo que en el Río de la Plata. Al mismo tiempo, el esquema tarifario actual es confuso y arbitrario”, dijo Metz.

Al respecto, mencionó como ejemplo que “dependiendo de las zonas (hoy existen 10 zonas de practicaje obligatorio) se factura por Unidad Funcional, TRN (tonelaje del barco), kilómetros o tiempo”.

Aclaró que por esa razón “hoy se presentó un esquema tarifario único considerando una tarifa de maniobra, otra de recorrido y otros cargos para viajes especiales”.

Para entender el impacto de la medida, una operación típica donde un buque llega a la Argentina ingresa al Río de la Plata, sube el Paraná y carga en el complejo cerealero del Gran Rosario y vuelve a hacer el recorrido río abajo, el valor promedio va de US$ 103.000 a 108.000.

Con el nuevo esquema tarifario, la misma operación en el complejo portuario más importante del país disminuye en US$ 32.400.

Durante la audiencia expusieron diversos actores del sector, entre ellos funcionarios de provincias como Buenos Aires, Tierra del Fuego, Misiones, Santa Fe y Entre Ríos, cuyas economías se ven directamente afectadas por el transporte fluvial.

También lo hicieron organismos portuarios, representantes gremiales, cámaras de comercio y federaciones de empresas.

El 80% de los más de 50 expositores coincidieron en la necesidad de considerar la actividad como un servicio público que debe necesariamente ser regulado por el Estado, mientras que algunos representantes del sector empresario y de sectores sindicales se pronunciaron por considerarlo dentro de las reglas del libre comercio.

Tras la audiencia celebrada hoy, el Ministerio de Transporte analizará las diferentes posturas y luego definirá cuál será la tarifa definitiva.