¿Cuánto cuesta sostener las tarifas de transporte?

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¿Qué implica una política de aumento de los subsidios económicos?

A principios de la semana que pasó Argentina verificó un paso necesario hacia la reestructuraciónde su deuda pública externa. Ese primer paso, para ser significativo y sustentable, requiere que a partir de ahora se aborden problemas fiscales de fondo. Actualmente, la economía se encuentra inmersa en una crisis con las finanzas públicas muy comprometidas, lo que se agravó por la pandemia del coronavirus que generó menor actividad y menores ingresos, junto con mayor demanda de gastos relacionados a la sanidad y a la cobertura de ingresos de una parte de la población. Dado esto, el impulso fiscal contracíclico es una opción acotada: en los primeros seis meses de 2020 el déficit fiscal acumuló 3% del PIB.

Subsidios nuevamente en el centro del debate

Entre las principales erogaciones del Estado están los gastos necesarios para su funcionamiento y para la provisión de bienes y servicios públicos, y también las transferencias de recursos a los ciudadanos y empresas sin una contraprestación directa: las jubilaciones y pensiones, los subsidios directos a las familias, y los montos que transfiere para compensar a empresas cuando las tarifas que reciben de parte de los usuarios no cubren el costo de la prestación de servicios, como en el caso de la energía o el transporte, que se denominan subsidios económicos.

La política actual en materia de subsidios económicos, consiste en una extensión del
congelamiento de las tarifas de servicios de energía eléctrica y de gas natural que pagan los usuarios, por lo que dichos importes se mantendrán sin cambio, según se dispuso a través del decreto 543/2020. La ampliación del congelamiento, que vencía el 20 de junio, mantendrá el importe de las boletas de luz y gas hasta el 17 de diciembre de 2020.

Si bien puede parecer redundante, cabe aclarar que lo que se congela es el precio (la tarifa) que pagan los usuarios residenciales, no obstante, el costo del servicio se sigue moviendo al ritmo de variables como la inflación, y el valor del dólar en los casos en los que se requiere de insumos importados para prestarlo. La diferencia, creciente en el contexto inflacionario actual, es pagada por el Estado. Esto es una regularidad ya verificada en nuestra historia económica reciente.

Sin embargo, se tiene que para los congelamientos previos al 2015, se tenía una inflación estable de entre 20% y 25% anual; mientras que hoy con una velocidad de suba de los precios de al menos un 40%, las tarifas se atrasan al doble de velocidad y el Estado deberá erogar gastos por subsidios económicos mucho más rápido para sostener su política.

Un ejemplo de esta dinámica se puede obtener de la comparación entre la evolución reciente del índice de precios al consumidor (IPC) y el índice de precios regulados. Hasta el mes de julio de 2019, las tarifas crecían por la inflación con el objetivo de que las mismas reflejen la evolución del verdadero costo de servicios como la energía y el transporte, y con la finalidad de reducir el déficit fiscal asociado a la cobertura de las diferencias, con la lógica que se expuso arriba. A partir del primer congelamiento de 2019, el índice de precios regulados queda prácticamente fijado y su variación interanual cae por debajo de la variación interanual del IPC, reflejando un nuevo proceso de atraso relativo. La diferencia no es menor: el índice de precios regulados mostró variaciones 20 puntos porcentuales menores a la inflación general de la economía.

(Fuente: IARAF)