CONFLICTO POR LA ERRADICACIÓN DE DROGAS EN COLOMBIA

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El asesinato de seis campesinos en una zona rural del sudoeste de Colombia, el jueves pasado, en una protesta de cocaleros reprimida por la Policía, dejó al descubierto un serio conflicto en torno de la erradicación de cultivos ilegales y su sustitución voluntaria conforme a los acuerdos de paz celebrados entre el gobierno y las FARC, un tema que el vicepresidente Oscar Naranjo consideró una cuestión “estructural” aún sin resolver.
En ese contexto la Policía Nacional de Colombia (PNC) suspendió hoy a cuatro efectivos para que avance la investigación judicial, y el presidente Juan Manuel Santos calificó de “lamentable” otro hostigamiento a tiros que miembros de esa misma fuerza realizaron ayer a una misión humanitaria que trataba de llegar al lugar donde fueron abatidos los seis cultivadores de coca.
La represión policial del jueves se produjo cuando centenares de campesinos protestaban para impedir que militares y policías erradicaran sus cultivos de forma manual, tras no llegar a un acuerdo con el gobierno sobre la sustitución voluntaria de sus plantaciones, como lo estableció el tratado de paz del gobierno con las FARC.
En medio de la protesta se produjeron disparos que causaron la muerte a seis campesinos y heridas a otros 19. La primera versión de las autoridades responsabilizó por el hecho a un grupo disidente de las FARC, la organización guerrillera disuelta tras firmar el acuerdo de paz.
Sin embargo, el gobierno reorientó ayer hacia efectivos de la Policía Nacional la “presunta responsabilidad” por el incidente, luego de que la Defensoría del Pueblo dijera en un comunicado que “testimonios recogidos en la zona de los hechos” permitían “inferir la presunta participación de servidores de la Policía Antinarcóticos en la muerte de seis personas”.
Tumaco, el municipio del sudoeste colombiano donde se produjeron los crímenes, es el que tiene más hectáreas cultivadas con coca, donde campean diversas organizaciones criminales, y “una región prioritaria para el gobierno y el Estado en la construcción de paz”, consignó la agencia de noticias EFE.
Naranjo -general retirado de la Policía Nacional, a la que dirigió durante el actual gobierno- señaló que el incidente demuestra que existen “problemas estructurales” en esa fuerza que deben ser corregidos.
“Me preocupa la situación estructural de la Policía; a un problema estructural hay que darle una solución estructural”, dijo Naranjo a la cadena de radio RCN.
El vicepresidente concluyó que “hay que repensar la policía en lo rural, en el posconflicto, porque debe haber un protocolo para realizar el control de cultivos ilícitos; el conflicto social hay que administrarlo y la Policía debe operar bajo estándares internacionales, teniendo en cuenta los derechos humanos”.
En medio de la frágil situación de Tumaco, el Estado privilegió la erradicación forzada de los cultivos ilícitos para mostrar resultados a Estados Unidos, que presiona por la reducción de esas plantaciones, comentó el diario bogotano El Tiempo.
El periódico gregó que hasta ahora, en ese municipio son marginales los logros del programa de sustitución voluntaria, eje del pacto antidrogas entre el gobierno y las FARC.
Aunque hay acuerdos individuales de sustitución con 1.908 familias, y colectivos con siete comunidades, según la Oficina de Drogas de la ONU, los compromisos para erradicar voluntariamente abarcan en la región, a la fecha, solo 357,8 hectáreas.
Esta cifra equivale apenas a 1,5 por ciento de las 23.148 hectáreas de hoja de coca detectadas en Tumaco en 2016.
En cambio, mediante el programa de erradicación forzada, en medio del cual se dio el incidente del jueves, van 9.500 hectáreas destruidas.
El consejero presidencial para el posconflicto, Rafael Pardo, sostuvo que “en Tumaco se va a avanzar en la sustitución voluntaria, pero no todos los campesinos van a entrar a ella porque el programa es solo para quienes tienen menos de 3,8 hectáreas y hay gente con cultivos industriales”. Estos serán erradicados, dijo.
Esta situación pone en evidencia la distancia que hay entre lo que se firmó en La Habana y lo que se puede hacer en el terreno.
Para el caso de Tumaco no era suficiente pactar con las FARC la sustitución voluntaria, porque esa organización había contribuido a crear allí una tensión desconocida para el país entre campesinos y comunidades afro. Particularmente, en la zona donde ocurrió la matanza: Alto Mira y Frontera.
La calma allí se rompió en 2002, cuando, según la historia que relatan los campesinos afrocolombianos (organizados en el Consejo Comunitario Pueblo Negro Alto Mira y Frontera), con el respaldo de las FARC, comenzaron a instalarse en su territorio colectivo (de 24.000 hectáreas) cocaleros desplazados por el Plan Colombia de lugares como Putumayo y Caquetá. “Se metieron a la reserva forestal del territorio colectivo, tumbaron selva y comenzaron a cultivar coca”, contó un líder comunitario.
En el 2009 ya esos cocaleros nómadas se habían organizado y crearon una asociación hoy conocida como Asominuma, a la que pertenecen los muertos del jueves.