CON TEMER DEBILITADO Y UNA ESPERADA NUEVA DENUNCIA, LA CRISIS DE BRASIL SIGUE SIN FINAL A LA VISTA

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El presidente Michel Temer puede convertirse esta semana en el primer jefe del estado brasileño en ser denunciado penalmente por delitos de corrupción supuestamente cometidos en uso de sus funciones, llevando la crisis sin final a la vista de Brasil a un escalón aún más alto.
Temer, con el nivel de aprobación popular más bajo de la historia desde la redemocratización del país en 1985 y que oscila entre 2% y 7%, según las encuestas, deberá usar al Congreso para su defensa penal en caso de que esta semana, como se espera, el fiscal general Rodrigo Janot presente denuncias en su contra por corrupción, obstrucción de la justicia y lavado de dinero.
La situación preanuncia un choque institucional entre jueces de la corte suprema, el fiscal general, el juez federal Sergio Moro y los fiscales de la Operación Lava Jato, lo que ha llevado a que líderes políticos rivales depongan diferencias y salven distancias.
Es el caso de los ex mandatarios Luiz Inácio Lula da Silva y Fernando Henrique Cardoso, quienes, con diferente voltaje, han dicho que la solución a la crisis pasa por la convocatoria a elecciones presidenciales anticipadas.
El progresivo debilitamiento de Temer -grabado en forma clandestina por el empresario corruptor confeso y delator Joesley Batista como parte de una investigación del fiscal general Janot- aumenta la incertidumbre sobre el desempeño de la mayor economía de América Latina, una de las más diversificadas del mundo emergente, que ha visto en los dos últimos años una gran destrucción de empleos junto con la peor recesión de su historia (caídas del PIB de 3,6% en 2016 y de 3,8% en 2015).
La nueva crisis con la delación de JBS, que golpeó de lleno a Temer y al senador y ex candidato presidencial Aécio Neves, su principal socio político, llegó cuando el gobierno festejaba una expansión de la economía de un 1% en el primer trimestre, empujada por una cosecha récord del poderoso agronegocio del país.
Un acuerdo parlamentario llevó en el 2016 a la presidencia a Temer, quien se rebeló contra su antecesora Dilma Rousseff y junto con su fuerza, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la abandonó para someterla a un polémico juicio político.
Esa fuerza política fue decisiva para el impeachment que el año pasado terminó con el ciclo de 13 años del Partido de los Trabajadores (PT) en el poder y, también, para la supervivencia de Temer,
apoyada en su agrupación y en el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) de Neves y del ex presidente Fernando Henrique Cardoso.
El PMDB, que nunca llegó al poder por medio de una elección directa, gobernó entre 1985 y 1990 con José Sarney (por la muerte de Tancredo Neves, abuelo de Aécio), y entre 1992 y 1994 con Itamar Franco (por la destitución del hoy senador Fernando Collor de Mello). Temer era vicepresidente de Rousseff, y por lo tanto primero en la línea de sucesión.
El PMDB, que tiene un ala opositora, sobre todo en el Senado, ha impedido que el Consejo de Ética abriera un proceso de destitución contra el senador Neves, investigado por la corte suprema tras haber sido grabado pidiendo sobornos de 2 millones de reales (unos 650.000 dólares).
En caso de una denuncia de Janot contra Temer, por tratarse del jefe del Ejecutivo, el caso no lo abordaría el Supremo Tribunal Federal (STF) sino la Cámara de Diputados, presidida por el número dos del país, Rodrigo Maia, del oficialista y conservador partido Demócratas, también una figura de recambio en caso de renuncia.
La Cámara de Diputados debe aceptar o rechazar la denuncia del fiscal en una votación que, para que se inicie el proceso judicial, necesita del apoyo de dos tercios de sus miembros, algo con lo que la oposición, hoy por hoy, no cuenta.
“Nuestro bloque confía en la palabra del presidente y confiamos en que pueda concluir la votación de las reformas jubilatoria y laboral. La base parlamentaria aliada al presidente Temer demostró fuerza. Creemos que solamente el gobierno de Temer tiene fuerza para llevar adelante las reformas”, dijo a Télam Baleia Rossi, jefe del bloque de Diputados del PMDB.
El actual gobernante ganó sobrevida política el 9 de junio pasado, con la absolución en el juicio en el Tribunal Superior Electoral (TSE) sobre las cuentas de la campaña en la que Rousseff fue electa presidenta y Temer vice en el 2014.
El 87% de la población se ha pronunciado a favor de elecciones directas, algo que la Constitución no prevé, ya que establece que transcurridos más de dos años del mandato en curso y en caso de vacancia en el Poder Ejecutivo debe elegirse un mandatario interino, por vía del Congreso. Para convocar elecciones directas, por lo tanto, es necesario modificar la Constitución.
“Nosotros no tenemos Plan B, para nosotros la única salida a la crisis es la elección directa”, dijo ante una consulta de Télam la flamante presidenta del PT, la senadora Gleisi Hoffman, quien considera que una eventual condena a Lula por parte del juez Sergio Moro en la Operación Lava Jato significaría un “movimiento político” para inhabilitar en 2018 la candidatura del dirigente que lidera las encuestas.
La crisis brasileña que llevó a la cifra actual de 14 millones de desocupados (1,5 millón en la gestión Temer) provocó una huelga el pasado 28 de abril contra la reforma jubilatoria y la laboral. Cifras del estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) indican que 500.000 empleos fueron destruidos sólo en los sectores de infraestructura y construcción, arrasados por el efecto de la suspensión de grandes obras provocadas por la recesión y el efecto de la Operación Lava Jato.
En un comisión del Senado, la semana pasada la reforma laboral perdió por 10 votos a 9 y esta semana tendrá otro test.
En términos globales, el país fue arrastrado hacia el desencanto: una reciente encuesta del Instituto Datafolha indicó que hay récord de desilusionados, ya que un 47% afirma sentir vergüenza de ser brasileño.