CIDH: LEY DE SEGURIDAD DE MÉXICO ES CONTRARIA A ESTÁNDARES DE DERECHOS HUMANOS

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó hoy que la Ley de Seguridad Interior que se debate en México y que consagra el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana “contiene preceptos contrarios a estándares en materia de derechos humanos”.
“En la región, y específicamente en México, la experiencia demuestra que la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna en general viene acompañada de violencia y graves violaciones a los derechos humanos”, advirtió la CIDH, organismo perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA).
En un comunicado, la Comisión recordó que en el 2015 ya constató que la presencia de las Fuerzas Armadas tenía como consecuencia un aumento de las violaciones a los derechos humanos, “incluyendo casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura, y desaparición forzada, así como mayores niveles de impunidad”.
“La impunidad que prevalece respecto de los agentes de las Fuerzas Armadas involucrados en casos de violaciones a los derechos humanos, agudiza la preocupación de la Comisión”, añadió este organismo, que tiene su sede en Washington.
La Comisión recordó a México que “es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la Policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas”.
“Se trata -argumentó- de dos instituciones sustancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación”.
Por ello, la distinción de funciones entre Fuerzas Armadas y Policía resulta, para la Comisión, “un punto de partida esencial que no puede obviarse en el diseño e implementación de esa política pública”, reseñó la agencia de noticias EFE.
Ante la posible aprobación en el Senado de la Ley de Seguridad Interior, organizaciones encabezadas por Amnistía Internacional y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtieron que implicará una profundización de la militarización en México.
“A más de diez años de esta fallida estrategia, es grave que la apuesta de las autoridades sea profundizar la militarización del país en vez de reconocer los fallos y cambiar el rumbo”, explicó a Télam el investigador para México en Amnistía Internacional, Carlos Zazueta.
“El accionar militar en las calles no ha demostrado servir para disminuir o atenuar delitos como homicidios o desapariciones”, destacó el investigador mexicano, al precisar que “han aumentado con su presencia”, dejando “una estela de graves violaciones a los derechos humanos”.
Por su parte, el Director del CELS, Gastón Chillier, recordó a Télam que el despliegue de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública, ordenado por el ex presidente de México, Felipe Calderón en 2006, en un intento por combatir el narcotráfico, representó “un punto de inflexión en esta crisis”.
Desde su implementación, la medida “no sirvió para reducir el comercio de drogas ilícitas, sino que generó un incremento altísimo de la violencia”, puntualizó Chillier, quien vinculó el despliegue de las Fuerzas Armadas en 2006 al incremento de muertes y desapariciones en México.
“Desde entonces al menos 150 mil muertes y más de 28 mil desapariciones se han registrado en México, de acuerdo a datos oficiales y de las Naciones Unidas” y remarcar que “el 98 % de los crímenes en el país no se investigan”.
El nuevo proyecto de Ley de Seguridad Interior, aprobado la semana pasada por la Cámara de Diputados, destaca que la aplicación de la norma le corresponderá a las fuerzas estatales y federales, y solo “cuando la gravedad de la situación lo amerite y como último recurso del Estado, a las Fuerzas Armadas”.
Ante su potencial aprobación, la Universidad Iberoamericana y el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) hicieron un llamado a que los senadores no aprueben el documento.