CAMBIOS EN EL GOBIERNO CATALÁN ANTE LA RADICALIZACIÓN DEL CONFLICTO SECESIONISTA

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El presidente catalán, Carles Puigdemont, acometió hoy una remodelación en su gobierno en busca de cohesión de cara a la preparación del referéndum de secesión unilateral convocado en la norteña región de Cataluña para el 1 de octubre, un paso que el jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, consideró como una muestra más de su “deriva autoritaria”.
El movimiento responde a una crisis interna y al intento de Puigdemont de reforzarse ante el inminente choque que se producirá cuando se oficialice la consulta y la Justicia actúe contra el núcleo de su Ejecutivo, que a partir de ahora estará conformado por personas comprometidas al máximo con el desafío secesionista en su vertiente más radical.
“Hoy hemos asistido a una muestra más de la deriva autoritaria que rompe cada día las leyes y las normas que nos hemos dado entre todos”, aseguró el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, en conferencia de prensa.
“Se purga a los dudosos, triunfando el radicalismo. Qué diálogo quieren con esta forma de comportarse”, añadió Rajoy, quien insistió en que el gobierno de España “estará en su sitio”, del lado de la ley, para evitar la secesión de Cataluña.
Los cambios en el gobierno catalán se producen tras las tensiones internas que provocó la reciente destitución del consejero Jordi Baiget, quien expresó públicamente sus dudas sobre la celebración de la consulta, aunque Puigdemont negó que existiese indecisión en algunos miembros de su gabinete respecto al polémico referéndum, que se pretende hacer sin acuerdo con Madrid y al margen de las leyes españolas.
Baiget, ex consejero (“ministro” del gobierno regional) de empresa y conocimiento, también manifestó su temor a que la Fiscalía actuara contra su patrimonio personal, como ocurrió con el ex presidente Artur Mas y sus consejeros, quienes podrían tener que afrontar con su dinero los 5 millones de euros públicos que costó la consulta simbólica de independencia de 2014, por la que fueron inhabilitados.
“Mi intención no era cesar a nadie, pero si alguien me dice que no quiere seguir hay que respetarlo, sólo puedo aceptar su determinación que ha sido dar un paso a un costado”, afirmó Puigdemont, quien compareció en conferencia de prensa junto con el vicepresidente, Oriol Junqueras, para explicar los cambios en el Ejecutivo regional.
La remodelación implica el relevo de tres consejeros en la primera línea del gobierno catalán: Jordi Turull será el nuevo consejero y portavoz de Presidencia en lugar de Neus Munté, Joaquim Forn asumirá Interior en sustitución de Jordi Jané, y Clara Ponsatí, ocupará la cartera de Enseñanza en lugar de Maritxell Ruiz.
Se da la situación de que todos los consejeros cesados son del partido PDCat (los ex nacionalistas) y ninguno del tradicional partido independentista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), la fuerza de Junqueras.
Puigdemont realizó otros cambios menores para rodearse de gente de máxima confianza y, lo que es más importante, modificó funciones dentro del gobierno así como la manera en que se tomarán las decisiones en la recta final del proceso de secesión ante la previsible actuación de la Justicia española, que vetará los pasos de Cataluña que impliquen infringir las leyes españolas.
“Las decisiones del gobierno serán tomadas de forma corresponsable por todos los miembros del gobierno”, explicó Junqueras, dejando claro que a partir de ahora actuarán como un órgano “colegiado”.
De hecho, Junqueras asume el “área de procesos electorales” con lo que será el encargado de comprar las urnas y deberá asumir la responsabilidad de la organización del referéndum del 1 de octubre.
El vocero del Ejecutivo español, Íñigo Méndez de Vigo, recordó que el Tribunal Constitucional advirtió que cualquier acto tendiente a la preparación del referéndum de secesión es ilegal.
“Si compran las urnas incumplieran la ley, que lo tengan claro, porque luego dicen que no estaban suficientemente informados”, indicó durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros de los viernes.
“Les pedimos una vez más que no cometan actos ilegales. Nadie en Europa entiende que se vulnere la ley, ese es el llamado que hacemos junto con el diálogo”, insistió.
Puigdemont remarcó que los cambios se producen ante una “nueva etapa de hostilidad permanente” con el Estado.
“Esta es una legislatura que comenzó de manera extraordinaria y se acabará el 1 de octubre con un referéndum de independencia, como anunció y se comprometió este gobierno”, dijo al inicio de su intervención.
“En función de la decisión que tomen los catalanes, comenzará una nueva etapa autonómica o una en la que Cataluña será un Estado independiente”, añadió.
No obstante, el presidente catalán remarcó que para que el 1 de octubre sea posible “debe haber urnas y papeletas, pero también tiene que haber urnas llenas. La responsabilidad colectiva es que aquel día haya una gran participación porque dijimos que el referéndum debe ser válido, vinculante para resolver el problema de Cataluña”, subrayó.
La oposición catalana reaccionó a los cambios en el Ejecutivo catalán apuntando que se trata de un giro hacia una mayor radicalización.
Inés Arrimadas, líder catalana de Ciudadanos, tildó la remodelación de “purga”, y vaticinó que son los “últimos momentos del proyecto separatista”, ya que “es la muestra de una crisis que llevará el fin del actual gobierno”.
Por su parte, el socialista Miquel Iceta manifestó a través de Twitter que los cambios son “un mensaje peligroso e injusto”, mientras el líder del Partido Popular (PP) en Cataluña, Xavier Garcia Albiol, aseguró que “Puigdemont ha hecho un casting de mártires” con el fin de “encontrar aquellos dispuestos a perder el patrimonio familiar y quedar inhabilitados por saltarse la legalidad”.